Quim Torra se sentará en el banquillo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya los días 25 y 26 de septiembre, en Barcelona. La Sala Civil y Penal del TSJCat ha notificado este lunes el auto de admisión de prueba para el juicio contra el president de la Generalitat de Catalunya por su decisión de mantener lazos amarillos y símbolos partidistas en edificios públicos en periodo electoral, en contra de las órdenes de la Junta Electoral Central, JEC. 

En un comunicado difundido a última hora de la mañana, el TSJCat ha anunciado también la fecha de señalamiento del juicio. Torra se sentará en el banquillo por un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente. 

El origen de esta causa se ubica en la querella presentada el 27 de marzo por la Fiscalía Superior de Catalunya contra el president, tras su decisión de no acatar la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos -símbolos de solidaridad con los exdirigentes independentistas en prisión provisional por su participación en el procés- y las esteladas que lucían en varios edificios públicos. 

Los dos días fijados por el tribunal para el juicio coinciden con los días que se habían establecido para el Debate de Política General que el Parlament celebra anualmente.

La Fiscalía Superior de Catalunya presentó una querella contra el presidente de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde Quim Torra está aforado. El ministerio público alegó incumplimiento a las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) por el uso de símbolos partidistas en instituciones públicas durante la campaña electoral.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCat, que ha sido la encargada de instruir la causa, cerró en julio la fase de instrucción y ha abierto la de la vista oral.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía abrir juicio oral al presidente catalán y condenarle por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, con multa de 30.000 euros.

Además, pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra, conforme a lo establecido para este delito de desobediencia por desoír la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral.

Si resultara condenado, Torra no podrá ejercer cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, ni ejercer funciones de gobierno en estos ámbitos, durante un año y ocho meses. Esto supone la privación definitiva de estos cargos y honores durante el tiempo de condena y la imposibilidad de obtenerlos en este tiempo.