Ocho de cada diez. La inmensa mayoría de los testigos solicitados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio al procés son policías o guardias civiles, y todas las peticiones de comparecencia de ambas partes han sido autorizadas por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha despejado este viernes las últimas incógnitas previas al arranque del juicio al procés catalán, que finalmente comenzará el 12 de febrero.

En su esperado auto de admisión de prueba, el Supremo especifica a lo largo de 145 páginas qué diligencias son válidas para la macrocausa, así como los testimonios que considera relevantes. De hecho, y además de rechazar el reconocimiento del estatus de observadores internacionales que reivindicaban Amnistía Internacional y la plataforma International Trial Watch-Catalan Referendum Case, el Supremo ha hecho públicos este viernes los nombres -o los números de placa- de los agentes de cuerpos de seguridad que declararán finalmente. La mayoría de ellos están relacionados con los distintos operativos desplegados para intentar impedir las votaciones del referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre de 2017.

En concreto, en lo que respecta a los testigos propuestos por la Fiscalía y por la Abogacía -son exactamente los mismos- se contabilizan más de 200 agentes, fundamentalmente de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, pero también de los Mossos d'Esquadra y de otros tantos cuerpos municipales. Representan en torno al 80% de los testigos solicitados por ambas partes, un total de 256.

El Alto Tribunal acepta así todas las peticiones de Fiscalía y Abogacía, cerca de 60 testigos propuestos por la acusación particular que ejerce el partido ultraderechista VOX, y cerca de 400 nombres por parte de las defensas de los 12 dirigentes independentistas procesados -en su mayoría repetidos-.

En noviembre, Eldiario.es avanzó que la Fiscalía justificaba el alto número de testigos citados, argumentando que su relato serviría para acreditar la "violencia" que el Ministerio Público aprecia en el procés. Los testigos son compartidos con la Abogacía General del Estado, si bien esta última rechaza que hubiera violencia. La primera acusa de rebelión a los máximos dirigentes del procés; la segunda aprecia rebelión, un delito penado con menos años de cárcel.

De hecho, esta diferencia entre Fiscalía y Abogacía del Estado es otra de las claves de un juicio histórico, marcado también por el momento en que se celebra -se espera que dure en torno a tres meses, si bien en mayo hay elecciones europeas, autonómicas y municipales-, e incluso por la lista de testigos ilustres que desfilarán ante el Tribunal.

Es el caso del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ya declaró como testigo en el juicio a la trama corrupta Gürtel -la misma por la que su partido fue condenado como partícipe a título lucrativo y él perdió La Moncloa-. También testificarán Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno; el exvicepresident de la Generalitat Artur Mas; el lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent.

No se investigará al teniente coronel Baena

Por otra parte, entre las pruebas rechazadas -en este caso solicitada por ERC-, figuran las diligencias que habrían permitido constatar que el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Catalunya, está detrás de una cuenta de Twitter desde la que habría reprendido a políticos a los que él mismo habría estado investigado, además de criticar a partidos independentistas.

Público informó en febrero del pasado año de que Banea se ocultaba en las redes a través del perfil @nmaquiavelo1984, y bajo el pseudónimo 'Tacito'. Uno de los periodistas que rubricaron esta información, Carlos Enrique Bayo, fue propuesto como testigo por parte de las defensas en el marco de esta causa, si bien el Supremo ha rechazado su citación.