Llegó el día. Este jueves tiene lugar la declaración más esperada del juicio al ‘procés’, la causa que arrancó este martes en el Tribunal Supremo. Oriol Junqueras,  exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC, se sentará desde las 10.00 de la mañana en el banquillo de los acusados para responder a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y su propia defensa.

Como ya informó Público, y como prevén hacer otros procesados, Junqueras no tiene previsto responder a las preguntas de la formación ultraderechista Vox, que simultanea su labor como acusación particular en la causa con su actividad política contra el soberanismo, peticiones de ilegalización de partidos independentistas incluidas.

La expectación que genera el primer discurso del presidente de ERC en persona en esta etapa procesal -fue enviado a prisión provisional el 2 de noviembre de 2017- es máxima. Sí ha aparecido como holograma, y otras personas han leído sus cartas en algunos actos selectos, pero no en carne y hueso.

Junqueras es considerado además el máximo responsable de los hechos que se juzgan, habida cuenta de que el expresident Carles Puigdemont lleva desde noviembre del mismo año en Bélgica. Se expone a una petición de pena de 25 años por un delito de rebelión y otro de malversación, por parte de la Fiscalía, y de 12 años de cárcel por sedición y malversación por la Abogacía del Estado.

Para arroparle en esta primera jornada de declaraciones, ERC enviará a Madrid una delegación encabezada por el president del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, acompañados por varios consellers y los grupos parlamentarios de ERC en el Congreso y en el Senado.

Tampoco puede descartarse que también le toque declarar a Joaquim Forn, exconseller de Interior y por tanto máximo responsable de los Mossos. En este par de jornadas los procesados presos han sido trasladados en vehículos policiales desde prisión -los 7 hombres desde Soto del Real, las dos mujeres desde Alcalá Meco-, y han hecho su entrada en las dependencias judiciales en torno a las 8.30 horas, según el testimonio de uno de los acusados.

Junqueras ya consultaba folios con documentación en la sesión del martes, si bien este miércoles esta situación ha sido aún más evidente, y apenas ha levantado la vista de sus papeles.

Mientras tanto, la Fiscalía se convertía en el azote de los 12 procesados, eclipsando por completo a la Abogacía del Estado, que ha optado por un perfil más bajo, bastante técnico, pero también a Vox. Teniendo en cuenta el tono que habitualmente utiliza el partido ultraderechista contra los independentistas -los llaman “golpistas” dentro y fuera del tribunal-, que en las últimas horas han rivalizado con el PP para autoerigirse en azote del soberanismo, o que sus simpatizantes les han coreado dentro y fuera de la sala, quizás se esperaba un alegato menos breve y técnico.

Lo cierto es que han quedado relegados a una segunda fila con tintes folclóricos: las primeras palabras de Pedro Fernández, dirigente de la formación y uno de los dos abogados que la representan, junto a su secretario general, Javier Ortega Smith, no eran para combatir los argumentos de las defensas, ni para sumarse al relato de Fiscalía y Abogacía, como han acabado haciendo. Su caballo de batalla era el único y pequeño lazo amarillo -el símbolo de solidaridad con los presos preventivos soberanistas- que lucía en la solapa Jordi Sánchez, presidente de la ANC.

Su ataque a este símbolo, simultaneado con el uso de bolígrafos con los colores de Vox por parte de los dos abogados, y desde el estrado, ha llevado a que Manuel Marchena, magistrado presidente del Tribunal, les reprendiese por usar indebidamente su turno de palabra. Citando dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, demostrando que se había preparado para recibir esta pregunta, Marchena ha señalado que no habrá “ningún obstáculo” a la exhibición de este símbolo en la sala.

La vendetta de la Fiscalía

Los dos representantes del Ministerio Fiscal han sido los indiscutibles protagonistas de la jornada, con un duro discurso en el que han intentado rebatir, una por una, todas las violaciones de derechos que denuncian haber sufrido los procesados. También a las que hacían referencia a los vicios de la instrucción o a la parcialidad de la sala. "Éste es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional"; “No es el independentismo lo que se juzga”, sostenía el fiscal Javier Zaragoza.

En una intervención que se ha prolongado durante una hora, en la que ha perdido el tono sosegado en algunas ocasiones y en la que apenas se ha apoyado en papeles, el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha acusado a la Justicia alemana de incumplir “palmariamente” la ley al rechazar la entrega del expresident Carles Puigdemont. También ha defendido que el 1-O la policía hizo un uso “legítimo y proporcional” de la fuerza, pese a los pronunciamientos en sentido contrario de la ONU o de Amnistía Internacional.

"Los hechos violentos del 1-O no creo que deban ser atribuidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino a los que movilizaron a miles de ciudadanos que como muros humanos impidieron la legítima actuación policial", zanjaba.
Y esto conectaba perfectamente con el relato del segundo representante del Ministerio Público, Fidel Cadena.

Para apuntalar su tesis de la supuesta “violencia” en el procés, el fiscal ha aludido al “cóctel explosivo” que surge de mezclar el uso de “murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad del Estado” con “el poder” de los Mossos d’Esquadra, a los que situaba como “completamente al lado de la rebelión”.La existencia o no de violencia en el procés es la principal diferencia entre los diagnósticos de Fiscalía y Abogacía.

La representante de esta última, Rosa María Seoane, ha defendido que el juicio se encuadra en “un ejercicio del derecho penal democrático, frente al tan invocado derecho penal del enemigo [por las defensas]". Ha rebatido algunos argumentos de las defensas, y ha defendido a la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, que aludió a los procesados como “condenados” en una reciente entrevista en la BBC. Según Seoane, Lozano “no pretendía trasladar ningún perjuicio" cuando se refirió a ellos de este modo. Pasó prácticamente inadvertida.