El procés se juzga en el Tribunal Supremo, pero este miércoles el protagonismo en los interrogatorios se lo ha llevado el Tribunal Constitucional. De hecho, este último ha sido dibujado por 4 de los 12 dirigentes independentistas procesados como una de las grietas que dividen sus propias estrategias de defensa. Hay diferencias sobre cómo conciben su actividad, cómo se refieren a él, e incluso sobre si han cumplido o no con sus exigencias.

Más de 11 horas y media de sesión -sin contar los recesos- han servido para que la exconsellera Dolors Bassa reconociese “la autoridad” del Constitucional -aunque advirtiese de que la Carta Magna tiene “miras más amplias”-, mientras su excompañera en el Govern Meritxell Borràs lo consideraba “politizado” -sin querer “quitarle valor” por esta expresión-. El exconseller Josep Rull, a su vez, denunciaba su déficit de “legitimidad moral”, al considerarlo “instrumentalizado” por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Fue esta “falta de legitimidad”, según Rull, la que llevó al Govern a buscar “el equilibrio” entre “el imperio de la ley” y el “principio democrático”, aunque intentaran agotar “todas las vías” para conseguir pactar la celebración de un referéndum. A su vez, Bassa se refería a la consulta del 1-O como un hito “no concluyente”, “y menos para la independencia”. "Nunca la independencia se pretendió llevar después del referéndum”. "La prueba es que estamos aquí y no ha habido independencia", incidía Bassa desde el banquillo de los acusados.

De hecho, la exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat se ha desmarcado incluso de la estrategia de los dos procesados de ERC que ya han declarado ante el Alto Tribunal. Bassa, a diferencia de Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern y líder de ERC, y Raül Romeva, exconseller de Exteriores, sí ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de su propia defensa. Y, por primera vez en estas jornadas, la exconsellera ha reconocido que acataron la suspensión de leyes dictada por el Constitucional, el mismo contra el que cargó duramente Junqueras en su alegato fuertemente político del pasado jueves.

Del mismo modo se ha pronunciado el exconseller de Justicia, Carles Mundó, que también asegura haber cumplido los requerimientos del Constitucional: "Desde entonces no realicé ningún acto o disposición para incumplir esos requerimientos”, enfatizaba.

El suyo ha sido el último y más tenso interrogatorio de la jornada, en el que no han faltado los rifirrafes con el fiscal Javier Zaragoza. Mundó no ha querido salirse del guión, y desde el principio ha dejado claro que no respondería a preguntas relacionadas con las movilizaciones del 20 de septiembre de 2017, ante la Consellería de Economía, o la propia DUI. Sólo ha respondido a cuestiones sobre los delitos que le atribuyen tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado, malversación y desobediencia.

No obstante, conforme avanzan las sesiones, la DUI y el referéndum del 1-O, otra de las grietas entre las distintas estrategias defensivas, se desdibujan. Salvo en el caso del exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, que evitó entrar en esta cuestión, todos los acusados han tildado la DUI de simbólica: fue “política, formal y solemne” para Rull; y una “declaración política sin consecuencias legales ni jurídicas", que además "no obliga a nada ni establece nada”, en opinión de Borràs.

Bassa la ha rebajado a un mero “acto político y pacífico” en respuesta a la amenaza del Ejecutivo central de aplicar el artículo 155 de la Constitución, a un instrumento para forzar al Gobierno a pactar un referéndum. A su vez, Borrás ha señalado como máximo responsable del referéndum al expresident Carles Puigdemont, procesado y declarado en rebeldía por la Sala, al ser su firma y la del consejero del ramo las únicas “necesarias” para dar vida al decreto. Y Rull ha llegado a reconocer que se “teorizó” sobre la independencia, si bien ésta nunca llegó a materializarse.

Como puntos comunes, todos niegan el empleo de fondos públicos para costear el referéndum; rechazan haber cometido delitos; todos se han sumado a la protesta por no contar con traducción simultánea para poder expresarse en catalán; y todos han rechazado responder a Vox, aludiendo Rull y Bassa a su ideología ultraderechista.

Por otro lado, el exconseller de Territori ha sido el único de los procesados que ha admitido haber cedido un local de la Agencia de Residuos de Catalunya para celebrar la consulta soberanista. Y ha sido menos contundente que el resto al negar la “violencia” que la Fiscalía aprecia en el procés.

Ha censurado todos los escraches, también los de los simpatizantes independentistas a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil –“Es inaceptable utilizar la fuerza y la presión”-, si bien ha denunciado que el Ministerio Público se refiere como “tumulto” o “turba” a manifestaciones cívicas y pacíficas, logrando “denigrar a los ciudadanos” al usar estas expresiones.

Con todo, en la jornada maratoniana de este miércoles se ha cruzado el ecuador de los interrogatorios: ya han comparecido 8 de los 12 procesados. Los 4 acusados que hoy han tomado la palabra se enfrentan a peticiones de condena por parte de la Fiscalía de 16 años de cárcel (en el caso de Rull y Bassa), por los presuntos delitos de rebelión y malversación; y de 7 años de privación de libertad por los presuntos delitos de malversación y desobediencia (Borràs y Mundó). Los dos primeros están en prisión preventiva, mientras que los dos últimos, junto al también exconseller Santi Vila, son los únicos tres procesados que permanecen en libertad.