"Casi imposible"; "Sorprendente"; "Difícil de imaginar". Así se pronuncian entre las defensas de los 12 dirigentes independentistas a los que el Tribunal Supremo juzga desde este martes por su participación en el procés, al ser cuestionadas sobre la viabilidad del plan del Alto Tribunal, que quiere dar por finalizado el juicio antes de las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo. En el mejor de los casos, la sentencia no estaría lista antes del verano.

Si bien no hay fechas cerradas y, a día de hoy, sólo hay seis sesiones agendadas (hasta el 21 de febrero), el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, afirmó en conversación informal con periodistas, a finales de enero, que contaban con cerrar esta etapa del procedimiento antes del 26 de mayo. No obstante, en el juicio hay tres acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y el partido ultraderechista Vox), 12 procesados y más de 500 testigos, y todos ellos deben tomar la palabra.

"Hacerlo en tres meses supondría meter a más de 10 testigos al día. Con algunos será posible, pero otras comparecencias durarán varias horas", explican a Público desde el equipo legal de uno de los procesados. En la lista de testigos aparecen los nombres de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno; Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta; Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, o Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Nada hace pensar que el Alto Tribunal pueda despachar rápidamente a estos testigos, como tampoco se espera que Fiscalía o Abogacía aprieten el acelerador con sus 256 comparecientes, policías y guardias civiles en su inmensa mayoría -más de 200-.

Esto, por no hablar de que las sesiones del juicio en principio se concentrarán entre martes y jueves, apenas tres días por semana. Y siempre contando con que el Alto Tribunal no decida retrasar aún más el arranque del procedimiento, inicialmente previsto para enero, con el fin de estudiar las cuestiones previas que planteen las defensas este martes. Entre ellas se espera que exijan la suspensión del juicio.

Apenas 12 semanas con festivos de por medio

A 12 de febrero, hay exactamente 12 semanas hasta el arranque de la campaña electoral, sin contar con esa misma semana (del 6 al 12 de mayo, 15 días antes de los comicios). No obstante, si a esto se restan los festivos del Jueves Santo -18 de abril-; 1 y 2 de Mayo -caen en miércoles y jueves-, al menos se descontaría una semana entera.

Además, de contar con 11 semanas completas, manteniendo las sesiones de martes a jueves, y pensando únicamente en los 500 testigos que deben tomar la palabra, el Alto Tribunal necesitaría escuchar a 15 por día para llegar a tiempo, y así apenas dedicaría media hora a cada uno de ellos. Sin embargo, debe tener en cuenta también las declaraciones de los acusados, las pruebas documentales y periciales, e incluso las cuestiones previas.

"Prevemos un juicio largo", aseguraban este lunes fuentes de las defensas, destacando que lo más sorprendente de los planteamientos del Supremo es lo apretado de los tiempos que ha decidido autoimponerse. "Sabe desde el 2 de noviembre [cuando se presentaron los escritos de acusación, y por tanto las peticiones de comparecencia] que tiene 256 testigos por parte de Fiscalía y Abogacía". "Cuesta imaginar cómo acaba esto antes de las elecciones municipales", apuntan.

Sostienen también que el Tribunal, la Fiscalía y la Abogacía no van a "renunciar" a estos testigos, y por tanto consideran difícil, muy difícil, cuadrar los tiempos.

Por su parte, desde el Alto Tribunal reconocen que puede darse la opción de habilitar lunes, viernes e incluso sábados para celebrar sesiones, de quedar probado el desfase temporal que anticipan las defensas. Apuntan también que no hay un plazo cerrado para concluir el juicio, pese a que Lesmes lo estimó en tres meses.

De hecho, y entre otras incógnitas por despejar en su conversación con la prensa, el presidente del CGPJ evitó aclarar qué ocurrirá si el juicio aún no ha concluido cuando lleguen las elecciones, y por tanto si se inclina por suspender las sesiones para no “interferir” en los comicios.

A este respecto, recordó que "no hay norma legal" que "obligue a la suspensión" de la causa por coincidir con un proceso electoral, si bien también precisó que habitualmente se ha actuado en base al "criterio de prudencia".

Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart o Carme Forcadell [aquí todos los nombres y penas solicitadas] reaparecerán públicamente este martes; los tres primeros llevan desde noviembre y octubre de 2017 en prisión provisional, respectivamente; Forcadell fue enviada a la cárcel en marzo de 2018. Se exponen a peticiones de prisión que van hasta los 25 años (Fiscalía) para el exvicepresident de la Generalitat, por un supuesto delito de rebelión y otro de malversación que la Abogacía no comparte. Pide 12 años por sedición y malversación para Junqueras.

La expectación es máxima -hay más de 600 periodistas acreditados para seguir el juicio, que será retransmitido en directo en televisión y por streaming-, y su influencia en la política española es más que evidente. El Supremo lo sabe, por eso cuida al máximo las formas y se vende como garante de la máxima "transparencia", consciente de lo mucho que hay en juego.