La juez del caso del 8-M en Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, rechaza
imputar al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, tal y como había solicitado el denunciante inicial.

Afirma que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

En una providencia, Rodríguez-Medel sostienem además, que "otros dos juzgados diferentes [de Madrid] tienen asuntos ya registrados en trámite contra el sr. Simón indiciariamente recogidos en la ampliación de la denuncia, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante éste".

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid recuerda que los únicos personados en esta causa de momento son la Fiscalía y la Abogacía del Estado y por lo tanto todos los escritos formulados por otras representaciones legales -entre ellos la Asociación de afectados contra la covid denunciante- "no serán unidos al procedimiento, devolviéndose al representante"".

En otro escrito, la jueza admite la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, si bien condicionada a la presentación de poder especial y el depósito de una fianza de mil euros.

La abogacía acusa a la jueza de 'afán' de imputar a Franco

Por otro lado, la Abogacía del Estado, que representa a José Manuel Franco, ha recurrido la decisión de la jueza de remitir de nuevo la causa al forense con el "afán" de poder volver a imputarle el delito de lesiones imprudentes.

La abogada del Estado Rosa María Seoane -que llevó la acusación en el 'procés' en el Supremo- sostiene en el recurso que considera "innecesario, inútil e impertinente" remitir de nuevo la causa al autor del informe que consideraba que no se podría establecer una relación causal entre las manifestaciones y concentraciones previas al estado de alarma con la expansión de la pandemia.

Esta decisión "sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes". Añade además que ello permitiría "la entrada de acusaciones particulares, pues a día de hoy, no hay personada en forma ninguna acusación ni Fiscalía ha manifestado que vaya a ejercerla".

"Nos encontramos con una instrucción sin acusación, impulsada sólo por la instructora", dice.

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid acordó el pasado 23 de marzo investigar a Franco por el delito de prevaricación administrativa, por el que fue denunciado por un jurista, y por el delito de lesiones imprudentes, que posteriormente fue descartado tras recibir el informe encargado al médico forense adscrito al juzgado.

El denunciante inicial, Víctor Valladares que preside la Asociación contra el Coronavirus, está a la espera de acreditar la representación de este grupo de 10.000 personas -según sostiene- y solicitar el ejercicio de la acusación popular.

Este jueves, dicha Asociación presentó un escrito en el que solicitaba la imputación del doctor Fernando Simón por los supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio y por animar a participar en las concentraciones feministas.

La magistrada retiró la investigación inicial sobre lesiones imprudentes que pesaba contra Franco ya que el perito descartó la "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus, ya que, según explica, "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días --entre el 5 y el 14 de marzo-- y que haya resultado infectada por el virus de covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc".