El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ampliado la lista de investigados por delito de rebelión imputando el expresident de la Generalitat, Artur Mas, la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Junto a ellos, el juez incluye en la lista de imputados, entre otros, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y la presidenta del Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.

En un auto notificado este viernes, el juez comunica la existencia del procedimiento a estos nuevos investigados, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen, para que ejerzan sus derechos de defensa.

El juez sitúa a todos estos representantes políticos dentro del plan para declarar la independencia de forma unilateral. En su escrito, Llarena explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Catalunya, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la AMI.

La decisión se basa  en el documento Enfocats, donde se fija el comité estratégico para declarar la independencia, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil en el que se pormenorizaba la actuación de todos los protagonistas del proceso independentista.

El juez, en su auto, señala que las sospechas no solo se encuentra en dicho documento Enfocats, "sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge". Principalmente, los apuntes de la agenda del exnúmero 2 de Economia, Josep Maria Jové (investigado en la causa seguida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona), en los que todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para "idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga".

LLarena añade que los nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, “aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”. Para ello se basa en el atestado elaborado por la Guardia Civil que ha sido remitido al Supremo.

El informe de la Guardia Civil incluye a todas estas personas en el llamado  comité estratégico en el que se definieron las normas de desconexión y llevar a cabo el referéndum del 1-O.

Además, según el análisis del Instituto Armado, los altos cargos de las entidades soberanistas, ANC, Omnium Cultural y AMI no sólo participaron en el comité estratégico "sino que tienen la consideración de órganos ejecutivos especialmente encargos de mantener las movilizaciones sociales y diseñar las estrategias de comunicación coordinadas con el Parlament, el Govern y los partidos políticos independentistas". "Fueron, en definitiva, los que diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano", señalan los investigadores.

(Habrá ampliación)