El juez que quiso salvar al PP de la condena de 'Gürtel' le incauta el móvil al fiscal general sin justificarlo

Este miércoles se ha producido un hecho inédito en la democracia española: el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido registrado por la Guardia Civil, por orden del magistrado Ángel Luis Hurtado, que instruye la causa contra él por presunta revelación de secretos, según le acusa el novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los agentes le han incautado el móvil y otros dispositivos electrónicos.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente para investigar a las personas aforadas, nombró instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado al magistrado Ángel Luis Hurtado, muy cercano al presidente de la Sala, Manuel Marchena.

Hurtado, que fue el presidente del tribunal del primer juicio del 'caso Gürtel', rubricaba este mismo miércoles el auto de incoación de diligencias previas contra García Ortiz y a continuación ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entrara en el despacho del fiscal general, en la sede de la Fiscalía General del Estado, para incautarse del móvil y otros dispositivos electrónicos del fiscal. Pero no ha indicado qué indicios tiene contra él como para ordenar la incautación de su móvil. 

La medida, que ha sido calificada de "injustificada", "exagerada" y de "disparate" por juristas consultados por Público, no era contemplada como una posibilidad ni siquiera por el propio Álvaro García Ortiz, según fuentes cercanas al fiscal general. 

Este era consciente de que acabaría siendo investigado por el Supremo a cuenta de la denuncia del novio de Ayuso por unas presuntas filtraciones que desmentían precisamente el bulo lanzado por el entorno de la presidenta madrileña, pero no imaginaba, según comparten dichas fuentes, que su despacho sería invadido por la Guardia Civil, y que los agentes se llevarían su móvil, como ha ocurrido este miércoles. 

El juez Luis Ángel Hurtado se dio a conocer socialmente cuando formó parte del tribunal del primer juicio de Gürtel, en el que el PP resultó condenado a título lucrativo. Hurtado emitió un voto particular contra ese veredicto. Y durante el juicio trató de todas las manera de evitar que Mariano Rajoy y los más señalados exministros del PP pasaran por el tribunal en calidad de testigos. 

Incluso se recuerda con cierta sorna en los ambientes judiciales cuando Hurtado dispuso que Rajoy se sentara en la Sala a la misma altura que el tribunal, en vez de ocupar el sitio reservado a los testigos, más bajo. 

Aquel detalle para con el presidente del Gobierno choca con los modos empleados con el fiscal general del Estado, declarando además secreta la investigación para agravar aún más la situación de García Ortiz, una vez que se ha negado a dimitir y que ha proclamado su inocencia.

Un nombramiento en caducidad

También es notorio que después de aquel papel en la Audiencia Nacional, tratando de salvar al PP, Ángel Luis Hurtado fue nombrado para la Sala Segunda del Supremo por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el 30 de septiembre de 2020, cuando ya llevaba casi dos años con el mandato caducado. 

Solo los vocales progresistas Concepción Sáez y Álvaro Cuesta votaron en blanco; el resto votó a favor del nombramiento de Hurtado, es decir, todos los demás vocales propuestos por el PSOE para el CGPJ votaron lo que quiso el presidente del Consejo por entonces, Carlos Lesmes. 

En aquel pleno en el que salió elegido Hurtado también se realizaron otros importantes nombramientos en la cúpula judicial, en un momento en el que el Poder Legislativo se planteaba impedir la fiebre de nombramientos de jueces conservadores que se estaba realizando  en el CGPJ de Lesmes. Finalmente la ley se reformó en marzo de 2021 para que cuando el CGPJ esté en funciones no pueda hacer designaciones en la cúpula.

Filtraciones

La noticia falsa que el fiscal general quiso desmentir con un nota de prensa indicaba que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en el marco del delito fiscal por el que le investigaba. Pero en realidad el que pidió el pacto para no tener que ir a juicio fue el novio de Ayuso, reconociendo un fraude fiscal de 350.000 euros. 

González Amador denunció al fiscal general, a la fiscal jefa de Madrid y al fiscal de su caso por haber filtrado datos personales en aquella nota de prensa, pero el Supremo ha matizado la semana pasada que la investigación contra García Ortiz no es por la nota de prensa sino por la presunta filtración de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. 

Estos antecedentes han provocado la decisión inédita del magistrado Hurtado: el registro del despacho del fiscal general del Estado. Contra esta decisión cabe recurso de reforma ante él mismo instructor o recurso de apelación ante la Sala de lo Penal. 

Fuentes jurídicas destacan que pese a que Hurtado no ha indicado los indicios concretos que señalan al fiscal general en cuanto a ser el autor o haber ordenado la filtración de dichos correos, ha ordenado en su contra la medida de mayor injerencia en el derecho de una persona investigada, como es el acceso sin limitación a su móvil, ordenador, a sus papeles y archivos.