El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha notificado este viernes a 13 líderes del procés en Catalunya que tendrán que sentarse en el banquillo acusados de un delito de rebelión, delito que comporta entre 15 y 30 años de prisión. 

El juez Llarena ha procesado en total a 25 personas, a nueve de ellos por los delitos de rebelión y malversación, otros cuatro más por rebelión, cinco por malversación y desobediencia, y siete únicamente por el delito de desobediencia.

Entre los acusados por rebelión están Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira, que esta misma mañana ha anunciado que abandona España.

Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los exconsellers Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa.

El juez Llarena también sienta en el banquillo por rebelión a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presiente de la ANC, Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Puigdemont, Junqueras, Turull, y los seis exconsellers acusados de rebelión y malversación se pueden enfrentar a penas que oscilan entre los 17 y los 33 años de prisión. Según recoge el Código Penal, el delito de rebelión (artículo 472 y 473 del Código Penal) se considera un delito contra la Constitución y por tanto será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Los autos de procesamiento incluyen además otros delitos que afectan a otros doce inculpados. El juez procesa, además, a cinco ex miembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. En ese sentido, también resultan procesados por malversación el ex president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers acusados de rebelión.

Así mismo el juez lleva a juicio por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP. El delito de desobediencia no acarrea penas de prisión.

En total son 25 personas las que se sentarán en el banquillo en una fecha aún por determinar. El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Govern procesados.

En el auto, el juez Llarena se expresa en términos muy duros. Acusa a los implicados de provocar un "estallido social", de "fanatismo violento", de utilizar "el poderío de la masa" y de "diseño criminal".

En opinión del magistrado, el procés "fue un ataque al Estado Constitucional de una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". El juez considera que el proces fue un concierto entre partidos y entidades soberanistas para ejecutar un plan predeterminado y declarar la independencia de Catalunya y sitúa su origen el origen el 19 de diciembre de 2012, en la firma del líder de CIU Artur Mas y Oriol Junqueras  del Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya que llevo a Mas a la presidencia de la Generalitat aquel año.

Llarena cree, además, que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn sabían "sobradamente" que en la jornada del referéndum del 1-O habría una "escalada de violencia", ya que habían sido advertidos de ello por los Mossos en una reunión.

Tras la notificación del procesamiento, comenzarán los actos procesales previstos en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o lo que es lo mismo, las 'vistillas' en las que las partes expondrán sus peticiones al juez sobre la situación de Turull, Rovira, Forcadell, Rull, Romeva y Bassa.

De momento, la Fiscalía ha pedido prisión provisional para el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

A su llegada al Supremo, los investigados fueron recibidos con aplausos y vítores por parte de diputados y otros compañeros de partido de los investigados, entre ellos el portavoz adjunto de JuntsxCat en el Parlament, Eduard Pujol, y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà.

Jordi Turull, que anoche no consiguió los votos suficientes en el Parlament para ser investido presidente de la Generalitat, y su antiguo compañero en el Govern Josep Rull llegaron diez minutos pasadas las diez de la mañana. Sin embargo, a la hora señalada por el juez Marta Rovira no se presentó.