ZARAGOZA .- El juez investiga por prevaricación y malversación al núcleo duro del equipo de gobierno municipal de Zaragoza que dirigió Juan Alberto Belloch. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital aragonesa, José Ignacio Martínez, trata de esclarecer si fue delictivo el pago de casi dos millones de euros a la empresa que explota el autobús urbano de la ciudad, Auzsa, para cubrir, como costes de transición, el coste de 153 despidos que realizó mediante un ERE.

El juez, que en los últimos años ha investigado algunos de los principales casos de corrupción detectados en Aragón, como el presunto saqueo de la empresa pública Plaza, ha emitido este miércoles un auto por el que ordena comunicar la denuncia, al exalcalde Juan Alberto Belloch, que ocupa una plaza de magistrado en la Audiencia de Zaragoza; a su vicealcalde, Fernando Gimeno, actual consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, que hoy defiende sus primeros presupuestos en las Cortes; a los concejales Roberto Fernández y Lola Ranera, y a los exediles Carmen Dueso y Jerónimo Blasco.

La resolución, que sitúa a los seis en las antiguas situaciones procesales de imputado o querellado, pide al ayuntamiento que “indique si ha sufrido perjuicio y su cuantificación” por este asunto y oficia a la Policía Judicial “para la averiguación de datos de identidad y domicilios” de los encausados.

Pagos de dos millones la antevíspera de la investidura de Santisteve

Los seis eran concejales del PSOE, que gobernaba en minoría con el apoyo de Cha e IU, y participaron en la reunión en la que fueron aprobados los pagos. Esta tuvo lugar el pasado 11 de junio, dos días antes de que Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común (ZeC), fuera investido alcalde con el apoyo de socialistas y nacionalistas.

El magistrado inició las pesquisas tras admitir a trámite una querella del sindicato Somos dirigida contra el anterior equipo de gobierno municipal y contra dos funcionarios: el actual jefe de los Servicios Jurídicos, Luis García Mercadal, que en aquellas fechas era el coordinador del área de Presidencia y Economía del ayuntamiento, y el interventor, José Ignacio Notivoli. El primero es el autor de un informe, fechado la víspera de la reunión, que justifica los pagos como compensación a la concesionaria por las modificaciones que había sufrido la contrata con respecto a su versión inicial.

Los pagos denunciados por Somos superan los dos millones de euros: 1,9 para pagar las indemnizaciones del ERE, 190.000 por la minuta de los abogados que defendieron a la empresa en los juzgados de lo Social y otros 180.000 para cubrir la sanción que la Inspección de Trabajo impuso a la concesionaria del autobús (Tuzsa, luego sucedida por Auzsa, ambas de la multinacional mexicana ADO) por no haber comunicado los ceses con el preaviso de quince días que marca la ley.

El auto coincide con los 50 días de la huelga del bus

Esas cantidades fueron reclamadas por la empresa al consistorio, como costes de puesta en marcha de la nueva sociedad. Y el ayuntamiento acordó pagarlas pese a que, según sostienen los denunciantes, la contrata recogía expresamente que la corporación no podía cubrir gastos de personal de la concesionaria.

La decisión del juez llega en un momento de alta tensión política en la capital aragonesa como consecuencia de la huelga que la plantilla de Auzsa mantiene desde hace 50 días para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. PP, C’s y PSOE reclaman a ZeC que aumente los servicios mínimos de los paros, del 33% de las circulaciones. Y el pleno debate este jueves, en una sesión en la que intervendrá una representación de la plantilla, una moción de los socialistas que insta al equipo de gobierno a aumentarlos.

El consistorio, por otro lado, tiene pendiente el debate de la declaración de lesividad de esos pagos que impulsa ZeC, y que amenaza con tensar de nuevo las tirantes relaciones entre el equipo de gobierno y el PSOE, que ha votado con el PP y C’s asuntos clave como las ordenanzas fiscales. Los socialistas tienen bajo investigación por los pagos millonarios a la concesionaria del autobús a dos de sus seis actuales ediles, situación en la que no se halla su portavoz, Carlos Pérez Anadón, teniente de alcalde en la fecha de la reunión pero que no participó en ella.

Fuentes jurídicas explicaron, por otro lado, que el caso lleva camino de terminar en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la situación de aforados de Gimeno —miembro del ejecutivo autonómico— y de Belloch —magistrado de la Audiencia Provincial—.