VALENCIA. —El juez titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa, ordenó esta pasada noche la libertad provisional para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (con fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros) y para tres de sus máximos colaboradores, con lo que los veinticuatro detenidos por la Operación Taula, que investiga una supuesta red de amaño de contratos, eluden por ahora la cárcel.

El fiscal había pedido al juez el ingreso en prisión de Rus —que se ha acogido a su derecho a no declarar, como otros veintiuno de los veinticuatro detenidos en la operación Taula— y de otros tres ex altos cargos del PP puestos en libertad esta pasada madrugada.

Estos son los exvicepresidentes de la Diputación Máximo Caturla (también ex secretario autonómico de Educación) y Juan José Medina (exalcalde de Moncada) y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, los tres máximos colabioradores de Rus.

El juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en estos cuatro ex altos cargos, considerados como piezas clave en la investigación iniciada hace cerca de año y medio.

Asimismo, acuerda como medidas cautelares la obligación de que comparezcan cada quince días en el juzgado, así como fianzas de dos millones de euros tanto para el expresidente como para Caturla, y de un millón para Medina y para Llopis.

Con esta medida, las veinticuatro personas detenidas el pasado martes en la operación Taula han quedado en libertad provisional, veintitrés de ellas con fianza de responsabilidad civil, y todas continúan como investigadas (imputadas) en la causa.

En declaraciones a los periodistas tras salir del juzgado, Rus defendió que en esta investigación "todo es un montaje", que ofrecerá su versión de lo ocurrido cuando se recupere y que "quien mete la mano, hay que cortársela".

También ha dicho que se siente "inocente totalmente", que desconoce de qué se le acusa y que lo ocurrido "no es normal".

La operación Taula se ejecutó el pasado martes en las tres provincias de la Comunitat contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de esta región sospechosa de amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La causa, declarada secreta, está abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

El PPCV ha anunciado que demandará por la vía civil a los condenados por corrupción y les pedirá una indemnización por los "daños y perjuicios" ocasionados a la imagen de la formación, según ha anunciado su presidenta, Isabel Bonig, quien dice contar con el apoyo "total y absoluto" de la dirección nacional para llevar a cabo esta medida "inédita" en un partido político.

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado por unanimidad crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas de posibles hechos ilícitos cometidos por miembros del grupo municipal popular investigados en el caso Imelsa.

Posible financiación ilegal del PP

Además, las investigaciones sobre la trama de cobro de comisiones en la empresa dependiente de la Diputación apuntan a una posible financiación ilegal del PP valenciano.

Fuentes cercanas al caso han indicado que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan de esa relación tras escuchar las conversaciones grabadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent con distintas personas, entre ellas varios cargos públicos del PP.

La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María Angels Ramón-Llin, ha calificado de "absolutamente normal" la aportación de mil euros que los concejales hicieron durante la campaña al partido aunque ha asegurado que no le consta que ese dinero se les devolviera.

Sin embargo, según ha podido saber EFE, varios asesores del grupo municipal del PP se negaron a hacer las donaciones de mil euros que les pidió el partido durante la última campaña para las elecciones municipales y sus contratos no fueron renovados tras los comicios del pasado mes de mayo.

Sobre si la exalcaldesa Rita Barberá conocía estas prácticas, las fuentes han dicho desconocerlo, aunque han señalado que "todo sucedía a su alrededor".

En cuanto al futuro del sucesor de Barberá en el PP de Valencia, Alfonso Novo, la presidenta del PPCV ha asegurado que si se confirma su imputación tras declarar ante el juez se le pedirá el acta y se estudiará la constitución de una "gestora" del partido en la ciudad.