Desde noviembre de 2021 lleva el titular de Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, pendiente de que se practique un peritaje sobre el coste de los servicios prestados por los trabajadores de Neurona Consulting para Podemos en la campaña electoral para las elecciones de abril de 2019, según el contrato que está investigando en el llamado 'caso Neurona'.

Dicha pericial "comprenderá la valoración del trabajo de estrategia de segmentación previa a la edición o realización de los vídeos y su cantidad y calidad, aspecto éste último, el de la calidad, igualmente a tener en cuenta en relación con los diseños", consta en el auto de noviembre del año pasado.

Para la ejecución de dicho informe pericial el juez Escalonilla indicó que deberá ser realizado por un diseñador gráfico y por un técnico de realización y edición de vídeos, "o una mercantil cuya actividad social comprenda la edición de vídeos, y que haya participado en campañas electorales, teniendo que valorar igualmente el trabajo estratégico de segmentación llevado a efecto por los trabajadores de Neurona Consulting". La segunda parte de la pericial dice el juez que versará sobre el valor del coste de cobertura de los siete actos electorales analizados. 

La Fiscalía cuestionó dicha prueba ordenada por el juez, a la que augura un resultado poco exitoso, toda vez que descarta la simulación de contrato entre Podemos y la consultora Neurona. "Es posible que no pueda determinarse con facilidad el coste", dice la fiscal. 

Pues bien, pasados siete meses el juez aún no ha encontrado perito que pueda encargarse de la pericial ordenada. En un reciente oficio de mayo pasado, el juez pedía a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid que nombrara un perito capacitado para emprender el informe. Pero desde esta entidad se ha informado este martes al juzgado de que "no hay especialidad y/o subespecialidad dentro de los colegios profesionales que integran esta asociación con conocimientos para emitir el dictamen pericial solicitado". 

En su comunicado aportado al juzgado, al que Público ha podido acceder, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, formada por 42 colegios profesionales donde se inscriben cerca de 400.000 profesionales de Ciencias, Economía, Jurídico, Sanitario, Social, Arquitectura e Ingeniería, explica que en un principio "considerando que se trataba de una cuestión técnica" se trasladó la petición al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación "desde donde nos han contestado que parece que lo que precisan es un profesional del ámbito de la comunicación o una empresa del ámbito de la comunicación para hacer una valoración del coste de unos vídeos [son 48], diseños gráficos y unas imágenes, así como la cobertura de una serie de actos electorales". 

Entonces la Unión Interprofesional trasladó al Colegio Profesional de Ciencia Política, sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid "por cuanto tienen peritos del área de comunicación social y marketing político". 

Desde este otro colegio profesional la respuesta fue: "Nuestra especialidad no es la requerida para el peritaje solicitado. Los asuntos a dirimir, entre los que se encuentra la evaluación del coste de una serie de servicios relacionados con el diseño, la realización de material audiovisual  y la organización de eventos con su preparación de material técnico no se corresponden en ningún caso con las especialidades recogidas dentro de nuestras titulaciones". 

Desde la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid se le ha sugerido al juez Escalonilla que se dirija a otro tipo de organizaciones profesionales y cita a la Asociación de la Prensa de Madrid y a la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual (APPA).

Podemos considera que la pericial ordenada por el juez para conocer si el precio que pagó a la consultora fue excesivo se aleja del objeto de la investigación, una vez acreditados los trabajos que realizó 'Neurona' para la campaña electoral de abril de 2019.  El contrato con la consultora tuvo un coste de 363.000 euros  procedentes de fondos propios del partido y englobó además de esos trabajos audiovisuales, otras labores de consultoría política.