El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha archivado la causa al exdiputado de CiU Jaume Camps, para quien el fiscal pedía año y medio de prisión por ejercer supuestamente de intermediario en el pago de comisiones ilegales a CDC, al entender que los hechos han prescrito.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Jaume Camps por prescripción y, por ese mismo motivo, ha archivado la causa contra los nueve empresarios que facturaron al Palau de la Música obras realizadas en las casas particulares de Fèlix Millet y Jordi Montull.

La Fiscalía pide 27 años y medio de cárcel para Fèlix Millet y Jordi Montull por el caso PalauEl juez ha acordado ahora dejar a Camps fuera de la causa penal, el estimar una petición de la defensa del exdiputado, al que la Fiscalía acusa de haber ejercido de intermediario, junto al extesorero de CDC Daniel Osàcar, en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista a través del Palau de la Música.

La Fiscalía se ha opuesto al archivo y ha argumentado que el tráfico de influencias que se imputa a Jaume Camps se habría seguido cometiendo hasta que se inició la causa por el saqueo del Palau de la Música, con lo que los hechos no habrían prescrito y, en todo caso, debería ser el tribunal que juzgue el caso quien lo resuelva.

Para el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, Camps tuvo un papel de 'intermediación en el mecanismo de tráfico de influencias retribuido a favor de la formación CDC' y fue 'la estructura del Palau de la Música la cañería utilizada para la circulación encubierta de un caudal de comisiones ilícitas satisfechas por Ferrovial'.

El ministerio público atribuye a Camps esa intervención desde los años 1999 y 2000, cuando se inició el presunto mecanismo de pago de comisiones, pero cree que su papel continuó en el tiempo, sin que se descarte que participara en las últimas reuniones que Millet mantuvo con responsables de CDC, en febrero de 2008, según consta en la agenda del saqueador confeso.

Además, para Sánchez Ulled, 'no puede descartarse de forma palmaria en este momento procesal que no hubiera ninguna intervención posterior a la mencionada reunión'.

El juez instructor, sin embargo, cree que no es apropiado mantener la imputación de Jaume Camps 'por una mera probabilidad de lo delictivo' que pudiera desvelarse en el juicio oral y advierte de que, en cualquier caso, los hechos imputables al exdiputado deberían ser posteriores a 2003 para ser penados.

También ha acordado el magistrado declarar extinguida la responsabilidad criminal en que pudieran haber incurrido los nueve empresarios imputados que admitieron haber cargado al Orfeó, a la Fundació del Palau de la Música y al Consorcio obras y servicios técnicos realizados en los domicilios particulares de Millet y Montull.

Precisamente, cuando la instrucción por el saqueo del Palau de la Música estaba concluida, la Audiencia de Barcelona ordenó el pasado mes de junio reabrir la causa para interrogar como imputados a los nueve empresarios, al estimar un recurso de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), acusación popular en el caso.

En su declaración ante el juez, los empresarios, que también eran proveedores del Palau, admitieron que facturaron falsamente esos trabajos por indicación de Jordi Montull, en alguna ocasión conscientes de que iban a ser pagados con fondos públicos a través del Consorcio, entidad de la que forman parte la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura.

Los empresarios declararon como imputados un año después de que el juez diera por cerrada le instrucción del 'caso Palau', en que la Fiscalía pide 27 años y medio de cárcel para Fèlix Millet y Jordi Montull y siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, además del decomiso de 6,6 millones de euros a la fuerza nacionalista por las comisiones presuntamente ilegales.