El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a los 78 exdirectivos de Caja Madrid que utilizaron las tarjetas fantasma black, o B, por un delito de administración desleal o apropiación indebida.

Los directivos gastaron un total de 15,2 millones de euros, entre 2003 y 2012 a través de este plástico que les fue entregado para gastar a cargo de la entidad que luego fue rescatada.

Sin embargo, Andreu sólo ha citado, por ahora, a 27 consejeros y administradores de Bankia, para tomarles declaración entre el 16 y 18 de febrero.

La imputación de los exdirectivos de Caja Madrid había sido solicitada por la Fiscalía, la acusación particular y la acusación popular que ejerce el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD).

En su auto el juez central de instrucción 4 explica que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos, de ahí que en este momento el juez distingue entre los administradores y los directivos.

El juez instructor resuelve que en este momento procesal existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar el juez es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.

Andreu hace constar en el auto que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido. Además, recuerda que se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación, "convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa".

Por ello, el juez tiene serias dudas de que se trataran de tarjetas de empresa, atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas.

A este respecto, el juez cita la reciente sentencia del Tribunal Supremo, cuando establece que "el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales, que no revistan la naturaleza de gastos de
representación y que sean ajenos al ámbito de la empresa que la sufraga, sin necesidad alguna de limitación expresa de quien haya autorizado el uso de la tarjeta".

Ahora bien, ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron "o el por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo de las que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho".

En el auto, el juez expone que todas las auditorías y el informe pericial concluyen que las tarjetas se emitieron fuera del circuito ordinario; carecen de soporte contractual (en el contrato de trabajo o mercantil) o acuerdo de los órganos de gobierno de Caja Madrid;  su utilidad "no tenía como finalidad los gastos de representación o gastos relacionados con actividades profesionales" de los directivos, ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda pública.

Para aclarar todos estos términos el juez quiere oír también como testigos a los cinco directivos que nunca usaron las tarjetas y al ex presidente de caja Madrid Jaime Terceiro. A estos seis testigos les cita para el 20 de febrero.

Los 78 imputados ahora tendrán que designar abogado y personarse en la causa. En su auto el juez también pregunta a Bankia y la Fundación Caja Madrid que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, con indicación de los importes.

El juez ya imputó por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa y al exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, amplía la responsabilidad, entre otros, a exconsejeros como Ricardo Romero de Tejada, Estanislao Rodríguez Ponga y Jesús Pedroche (PP), Antonio Romero y Virgilio Zapatero (PSOE), José Antonio Moral Santín (IU), José Ricardo Martínez (UGT) y Rodoldo Benito (CCOO).