La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha dictado un auto este martes en el que comunica a los expresidentes de la Junta de Andalucía  José Antonio Griñán y Manuel Chaves que se les abre procedimiento en la causa en calidad de imputados.

En el auto, la juez Alaya también comunica la misma situación para cinco exconsejeros andaluces: la exconsejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; el del Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el diputado en el Congreso por Sevilla y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera; el exconsejero de Empleo, Manuel Recio; y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo.

Pese a otorgarles la calidad de imputados, la propia juez sostiene que su decisión no supone una imputación judicial formal de acuerdo a la doctrina del Supremo, sino que pretende dar armas al 'querellado' para defenderse de las acusaciones, en aplicación del artículo 118 de la Ley que regula el proceso penal. Un artículo que la juez reconoce que se aplica muy poco, y que critica por, entre otras cosas, multiplicar de forma lamentable los efectos mediáticos negativos para los inculpados.

Estas imputaciones, que eleva a 123 el número de personas acusadas en el caso de los ERE, se producen el mismo día en el que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía toma posesión y tres días después de que lo hiciera Susana Díaz como jefa del Ejecutivo regional tras la marcha de Griñán.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, acuerda 'comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal', a las citadas personas, por su presunta relación con el 'uso ilegal y continuado de fondos públicos' investigado.

La juez insiste en que ella no puede realizar la imputación formal de Chaves, Griñán y el resto, pero añade que, someramente, sobre las personas aforadas debe decir que 'determinadas actuaciones procesales contendrían cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros'.

La instructora explica que de momento no va a enviar al Supremo o al TSJ de Andalucía una exposición razonada individualizando 'la conducta delictiva concreta de los aforados', o indicios o principios de prueba de sus acusaciones, y da a entender que antes va a agotar otras diligencias de investigación. 

No obstante, recuerda que, tal como dijo la Audiencia de Sevilla en un auto de julio pasado que respaldó la actuación de Alaya, los aforados que hasta ahora hayan tenido un 'conocimiento mediático de la causa' pueden personarse e incluso 'solicitar su declaración voluntaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al suplicatorio de dicho tribunal ante las Cámaras a las que hubieren pertenecido'.

Según el auto, en la causa se investigan sobrecomisiones a las mediadoras que gestionaban los ERE o llevar a cabo, 'a cambio de ciertos favores, las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación'.

La Junta creó 'la partida fraudulenta a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años', añade el auto. El convenio marco de julio de 2001 y las transferencias de financiación instauradas a partir de 2002 tuvieron como consecuencia 'eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites, y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década', añade Alaya.

La juez hace un análisis de las consecuencias de la imputación de personas aforadas y reconoce que se trata de un proceso con 'consecuencias procesales extrañas' y que les deja en 'una condición harto peculiar'. Así, explica que como juez de instrucción 'no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación' pero 'sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean' y la segunda, 'tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente'.

Alaya dice 'ser consciente' de que en la práctica en estos casos puede producirse un 'efecto multiplicador de la expectación e influencia negativa de los medios de comunicación sobre dichas personas, pues primero pueden verse señaladas en la presente resolución como imputados, más tarde y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar, y finalmente como inculpados por el tribunal superior, si procediere'.

No obstante, la juez considera que es momento de comunicar la existencia del procedimiento a los aforados a la vista de 'la relevante documentación aportada, especialmente los informes de la Intervención General, la documentación presupuestaria, la procedente de la Dirección General de Trabajo' y las subvenciones a la Sierra Norte de Sevilla.

Los imputados son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y 2009, Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre 2009 y 2013, Viera como consejero de Empleo entre 2000 y 2004, y Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento entre 2009 hasta hoy.También son imputados Recio, consejero de Empleo entre 2010 y 2012, Vallejo como titular de Innovación entre 2004 y 2009, y Ávila como consejero de Economía e Innovación desde 2010 a la actualidad.

Además, la juez ha imputado este martes cuatro delitos al que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. El ex alto cargo de la Junta  llegó a la Audiencia de Sevilla poco antes de las 10:30 horas para comparecer ante la magistrada, que le ha imputado sendos delitos de prevaricación, malversación, no promover la persecución de perseguir delitos y delito societario. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha pedido medida cautelar alguna para el imputado, que ha quedado en libertad con cargos tras su comparecencia ante la juez.