La juez abre once piezas en el caso ERE para investigar a 39 empresas

SEVILLA.- La juez María Núñez Bolaños ha abierto once nuevas piezas separadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta en las que existe "riesgo de prescripción", entre ellas una referente a las ayudas a empresas de Juan Francisco Trujillo, exchófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a la Faja Pirítica de Huelva, a 26 empresas de la Sierra Norte de Sevilla o a los ayuntamientos sevillanos de San Nicolás del Puerto, Los Palacios y Alcolea del Río.

"Estableciendo un orden en la actuación y resultando imposible, en atención al volumen de trabajo, abrir todas y cada una de las piezas existentes, procede comenzar con aquellas que por referirse a ayudas directas existe riesgo de prescripción, cuyos atestados están unidos" a la causa "sin tramitar", dice la juez, que dice compartir la "preocupación" en este extremo del Ministerio Público "a fin de evitar las previsiones en base al artículo 131 del Código Penal", que regula la prescripción.

La Sierra Norte

De igual modo, y "por incluir tanto póliza individual como ayudas", además de "por su antigüedad y estado", la juez acuerda abrir una pieza relativa a las empresas participadas por el exchófer de Guerrero (Iniciativas Turísticas Sierra Norte, Lógica Estratégica Empresariales, Ave Nueva y Lladeso Hoteles) y las ayudas percibidas por éste y también por su madre, Estrella Blanco, a través de una póliza individual.

Anticorrupción advierte de "dilaciones"

Entre estas empresas se encuentran Río Tinto, minas de Almagrera o mina La Herrería, según han señalado las mismas fuentes consultadas, que han precisado que el atestado aportado por la Guardia Civil contiene varios miles de documentos anexos.

"Merma de los derechos y garantías de las partes"

A su juicio, "el tiempo que transcurre en la tramitación y resolución del recurso de apelación interpuesto por esta Fiscalía --y otros interpuestos por otras partes personadas-- se está traduciendo de hecho en una situación que merma sustancialmente los derechos y garantías de las partes, en particular, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas así como el verse sometido como investigado en espera de enjuiciamiento, con medidas cautelares personales y reales adoptadas contra su persona y patrimonio, durante un periodo de tiempo que esta Fiscalía entiende no encontrarse justificado en modo alguno".