MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia ha emitido hoy un comunicado en el que se manifiesta en contra de la reforma del Código Penal con la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que sus detractores ya han bautizado como ley mordaza. Alegan que "no está justificada por motivos de necesidad social", porque, como recuerdan, España se encuentra "en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo" y sin embargo tiene "los porcentajes más elevados de población reclusa por habitante".

En la nota, que termina calificando la ley de "innecesaria, contraria a las libertades y plagada de errores técnicos", ven la misma como una "metáfora" de la gestión del Gobierno en materia de justicia. Lo cual no es ningún halago, ya que a continuación la describen como "innecesaria, contraria a las libertades y plagada de errores técnicos".

Los jueces creen que el Gobierno se guía por "criterios de oportunidad vinculados al populismo punitivo", con el fin de "actuar sobre los mecanismos emocionales" de la población; es decir, con fines electorales a la par que disuasorios.

La cuestión de los errores técnicos, que es una constante en el comunicado, se refiere a la tipificación como delitos leves de delitos que hasta ahora eran consideramos menos graves. Esto convierte al nuevo Código Penal en una "regulación confusa, errónea y deficiente" que va a generar "serios problemas de interpretación" a los jueces, y prevén la presentación de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad. Por todo ello, aseguran que todos los sectores judiciales califican la nueva ley de "chapuza".

En relación al endurecimiento de penas para las protestas sociales, la asociación
asegura que "lesiona las libertades" y va contra los principios "de una sociedad plural, democrática y respetuosa con las distintas formas de pensar".

Jueces para la Democracia entiende que la  cadena perpetua revisable está dentro de la "progresión irracional de la escalada punitiva". Es "inhumana y degradante" y vulnera el principio de inserción social, lo que en su opinión la convierte en anticonstitucional. 

Por último, advierten de que la despenalización de las faltas de lesiones imprudentes beneficia a las compañías aseguradoras y perjudica a las víctimas de accidentes de tráfico, que con esta reforma "ven reducida su protección en el ámbito judicial".