Los jueces pueden demorar la amnistía, pero los casos amnistiados serán firmes incluso si hubiera inconstitucionalidad

La ley de amnistía ha superado este miércoles un nuevo obstáculo de su tramitación parlamentaria con el rechazo en el Congreso de los Diputados —aunque físicamente la votación se realizó en el Senado por obras en el hemiciclo de la Cámara Baja— a las enmiendas a la totalidad. Los votos de todos los grupos de la llamada mayoría de la investidura —PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG—, excepto Coalición Canaria, cerraron filas para tumbar las enmiendas de las derechas del PP y Vox.

La ley entra así en el debate de enmiendas parciales en comisión, pero se prevén pocos cambios más allá de algún retoque técnico que plantea Esquerra. Y, finalmente, podría ser aprobada en el pleno del Congreso el 30 de enero para pasar al Senado, donde la mayoría absoluta del PP demorará la tramitación unos dos meses, hasta devolver la ley al Congreso, donde sería aprobada definitivamente —si nada se tuerce en este tiempo— a principios de abril.

El trámite parlamentario parece, pues, bastante claro y pautado, y fuentes de la dirección de Junts y ERC coinciden en situar la entrada en vigor de la ley durante la primera quincena del mes de abril. Pero se ha empezado a abrir ya el debate y las cuentas en el calendario sobre cuál será la aplicación efectiva de la ley de amnistía una vez aprobada.

Los juristas apuntan a dos vías, que dependerán de cada juez. La primera, que algunos magistrados apliquen la amnistía directamente —la ley indica que hay dos meses de plazo desde la entrada en vigor— a algunos de los encausados.

Y la segunda, que planteen preguntas prejudiciales a los tribunales europeos sobre dudas respecto al derecho comunitario en torno a la ley, concretamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); o cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).

De igual manera, existe la posibilidad de que los jueces ordinarios también se sumen a las iniciativas de este tipo de tribunales superiores, como puede ser el Tribunal Supremo.

Amnistiados incluso si hay inconstitucionalidad

Y las consecuencias son extremadamente diferentes, según apuntan algunos juristas. En el primer caso, en el que el juez decide aplicar la amnistía, no solo los efectos serían inmediatos y las causas judiciales quedarían sin efectos —sentenciadas o no—, sino que, una vez amnistiados por el tribunal en cuestión, la causa quedaría extinguida sin posibilidad de revisión incluso si finalmente el TC declarara inconstitucional la ley de amnistía.

En el segundo caso, si el juez decide apelar a las instancias europeas y al TC, las causas judiciales en cuestión quedarían paralizadas a la espera de respuesta, y el proceso podría llegar a durar incluso algunos años, aunque es difícil predecir un plazo exacto.

Es decir, que las centenares de personas encausadas (1.432 según contabiliza Òmnium) se dividirían en dos grupos. Los que puede que sean amnistiados de inmediato, en cuanto entre en vigor la ley de amnistía a principios de abril, y los que deberán esperar a la resolución de los recursos judiciales a lo largo de meses o, probablemente, años.

Las causas más probables de ser amnistiadas automáticamente serán personas anónimas juzgadas en tribunales ordinarios

Con toda seguridad, las causas más probables de ser amnistiadas automáticamente serán personas anónimas juzgadas en tribunales ordinarios por causas relacionadas con el referéndum o las protestas posteriores.

Las más improbables de ser amnistiadas automáticamente serán las juzgadas por tribunales superiores como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde se juzgan mayoritariamente a dirigentes de los partidos independentistas y altos cargos del Govern.

Esto se debe a que estos tribunales, con toda seguridad, plantearán preguntas prejudiciales a los tribunales europeos y cuestión de inconstitucionalidad al TC.

Según la información que facilita el Tribunal Constitucional al respecto de este tema, "la cuestión de inconstitucionalidad sólo puede ser promovida, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales, y han de hacerlo cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constitución".

El TC añade que "las sentencias recaídas en este tipo de procedimientos tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".

Posible cascada de jueces con recursos

Con todo, es difícil saber cuántas personas pueden ser amnistiadas automáticamente a partir de principios de abril por los tribunales. Dependerá de cada juez, ya que cabe la posibilidad de que algunos de ellos se sumen a las actuaciones de tribunales superiores como el Supremo, según explican fuentes jurídicas de la defensa de algunos encausados.

De hecho, el jurista Jaume Asens, uno de los negociadores de la ley de amnistía en trámite, admite que existe la opción de que haya un alud de jueces que paralicen la aplicación de la amnistía: "Puede ocurrir que haya un efecto dominó y que en el momento en que el Supremo plantee dudas haya una gran mayoría de jueces que se sumen y también suspendan la aplicación de la amnistía en sus casos".

"Hay tribunales que tendrán que aplicar la ley y no quieren, y harán todo lo posible para dificultar su aplicación"

También lo advierte Marta Vilaret, responsable de las cuestiones judiciales de Esquerra: "Hay una serie de tribunales que tendrán que aplicar la ley y no tienen ganas, y harán todo lo posible para posponer o dificultar la aplicación de la ley".

Meses o años de posible espera

En cualquier caso, ¿cuánto tiempo deberán esperar los encausados? Los expertos indican que, en el caso de la respuesta a las preguntas prejudiciales que puedan plantear los jueces a los tribunales europeos, "el periodo sería de entre seis y ocho meses".

En el caso de la cuestión de inconstitucionalidad —recurso que plantea un tribunal para que el TC dictamine la constitucionalidad de una norma que se debe aplicar judicialmente— entraríamos en un agujero negro temporal.

Por ejemplo, respecto a las sentencias, en el artículo 34 de la ley que regula el TC se establece que una vez admitida a trámite la demanda, el tribunal dará un plazo de quince días a las partes para personación y formulación de alegaciones. Una vez transcurrido este tiempo, "dictará sentencia" en el plazo de "diez días, salvo que, mediante resolución motivada, el propio tribunal estime necesario un plazo más amplio, que en ningún caso podrá exceder de treinta días".

Pero en la práctica el tiempo habitual es muy superior. En el caso del recurso contra el Estatuto fue de cuatro años, y en otras leyes incluso más largo. Los expertos consultados se inclinan, en el caso de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía que puedan plantear los jueces, por un periodo de entre seis meses —como opción más optimista— y dos años, tiempo que habría que sumar a los entre seis y ocho meses de los recursos europeos.

¿Y qué pasa con los encausados durante este largo periodo de deliberación? El proceso queda paralizado a la espera de respuesta del TJUE o del TC. En los casos ya sentenciados se mantendría la pena a la espera de la resolución de los recursos para ver si se puede aplicar la amnistía. Ello, por ejemplo, impediría que Oriol Junqueras pudiera presentarse a las elecciones, porque continuaría inhabilitado a la espera de ver si finalmente es amnistiado o no.