MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia ha comunicado este viernes mediante un comunicado su apoyo oficial a Proyecto de Ley Integral de Protección para el denunciante de corrupción auspiciado por la Plataforma x la Honestidad, que impulsan denunciantes de corrupción como Ana Garrido (caso Gürtel), el exteniente Luis Gonzalo Segura (denunciante de corrupción en las Fuerzas Armadas), Araceli Blanco (Canal de Isabel II) o Roberto Macías (UGT).

La asociación de jueces señala que, por su experiencia, la Ley Orgánica 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales no ha sido suficiente para proteger del “mobbing, difamación, injurias, calumnias o cualquier medio tendente a la presión del denunciante" que dan un paso al frente y llevan a la Justicia la corrupción de la que han sido testigos.

"Las dificultades de su aplicación a que ha dado lugar la práctica", exponen desde Jueces Para la Democracia en su comunicado sobre la citada LO 19/1994, "las medidas previstas en dicha ley, como el anonimato del testigo o denunciante, es inútil cuando desde un primer momento es fácil localizarlo, dado que se el delito se produce en ámbito muy reducido de colaboración, y en la persecución de esos delitos no interviene inicialmente la fuerza pública, sino que es el mismo funcionario quien delata y pone de manifiesto estas actitudes y comportamientos de oprobio".

España es uno de los únicos cuatro países de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción mediante leyes especiales ni de forma indirecta en otras normas jurídicas

"Nos adherimos, por tanto a los principios que se proponen, y que deben inspirar la futura legislación, cuales son los de tolerancia cero con los actos de corrupción política en las instituciones públicas, protección de la víctima, denunciante o testigo contra el acoso laboral, respeto a su dignidad personal, confidencialidad y celeridad", concluye la asociación de jueces, llamando a los partidos políticos a dejar de lado los vetos y líneas rojas para sacar adelante la protección del denunciante de corrupción. 

España es uno de los únicos cuatro países de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción mediante leyes especiales ni de forma indirecta en otras normas jurídicas. ​Entre las medidas presentes en el Proyecto de Ley Integral de Protección para el denunciante de corrupción se encuentran el blindaje de su puesto de trabajo, la asistencia jurídica gratuita y psicológica en caso necesario y asegurar su anonimato.

En la práctica, los denunciantes solicitan una protección similar a la que ampara a las víctimas de violencia de género. En su trabajo en pos de que esta ley vea la luz, consiguieron ser invitados a la Comisión Anticorrupción del Congreso de la efímera XI legislatura.