El Ministerio del Interior contabilizó el año pasado 1.172 delitos de odio, una cifra que 'se engordaría' considerablemente si se incluyeran los insultos y vejaciones que se vierten en la red. ¿Están suficientemente perseguidos en la legislación actual? Los expertos consultados por Efe creen que sí.

Así lo han afirmado portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y del Foro de Justicia Independiente (FJI) tras la ola de insultos vertidos en Internet que supuestamente han hecho apología del asesinato sobre la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

Todos ellos han coincidido con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien declaró el viernes pasado que 'las leyes españolas ya dan una respuesta' a estos delitos, aunque matizó que el Ejecutivo analizará 'si es pertinente' reforzar el Código Penal. Mientras tanto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que desde su cartera y la de Justicia trabajarán conjuntamente para estudiar cómo 'poner coto' a este tipo faltas.

Los insultos emitidos en las redes sociales a raíz de la muerte de Carrasco ya tienen una respuesta jurídica 'adecuada', según ha afirmado el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, quien ha considerado 'innecesario' reformar el Código Penal.

El magistrado se ha referido a los casos de los dos jóvenes de 19 años imputados el pasado viernes por colgar en Internet vídeos y comentarios con contenidos vejatorios sobre la presidenta de la Diputación de León, y otros en los que justificaba el asesinato de 'políticos corruptos'.

'Son meras expresiones de mal gusto que no deberían de tener reproche penal', ha dicho a Efe Bosch, quien ha apuntado que estas ofensas lesivas al honor deberían tener una 'respuesta civil' de forma que la justicia exigiera a los responsables de los insultos en redes sociales 'una indemnización para la familia de Carrasco'. Sólo aquellos insultos más graves, los que se calificasen como de injurias o calumnias, deberían enjuiciarse por la vía penal lo que implicaría, según ha puntualizado, que las personas consideradas culpables 'podrían ser penadas con entre seis y dos años de cárcel'. 'Son meras expresiones de mal gusto que no deberían de tener reproche penal'

En esta línea, Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, ha afirmado a Efe que Internet no es 'distinto de la vida real' y 'los delitos son los mismos'. Sexmero ha insistido también en 'atender' a lo que ya existe en el Código Penal, aunque ha reconocido que existe 'preocupación' por parte de algunos políticos hacia los delitos cometidos en las redes, ya que éstos se quedan 'grabados'.

El presidente del Foro de Justicia Independiente, Ángel Dolado, ha coincidido con Sexmero en que el sistema judicial ya tiene 'suficientes problemas' como para que la Guardia Civil se disponga a 'rastrear la red' en busca de este tipo de faltas. 'Dar una vuelta de tuerca al Código con un nuevo artículo sería legislar en caliente', ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, también ha considerado que Internet es 'solo un medio' a través del que se cometen estos 'delitos de injurias o de incitación al odio', que ya están reconocidos y penados en el Código Penal.