Un nuevo frente judicial se cierne sobre el rey emérito. Izquierda Unida ha pedido al Tribunal Supremo que reabra la causa iniciada con la presentación de su querella contra Juan Carlos I, archivada definitivamente en julio de 2019.

En un escrito presentado ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal -presidida por el magistrado Manuel Marchena-, IU defiende que existen nuevos indicios sobre la presunta corrupción del rey emérito, al que en su día imputó la comisión de siete delitos. Entiende que, dadas las nuevas actuaciones de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía del Supremo al respecto, los razonamientos empleados por el Alto Tribunal en 2019, para dar carpetazo a la querella, no se sostienen.

De hecho, en el escrito al que ha tenido acceso Público, IU señala que, el 27 de julio, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional decidió reabrir la pieza número 5 de la macrocausa Tándem, para investigar si Corinna Larsen -la "amiga" del emérito-, contrató los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez, en prisión provisional desde noviembre de 2017. El juez Manuel García Castellón ha citado a ambos a declarar en calidad de imputados en septiembre, y entre las grabaciones de Villarejo Larsen relataba los supuestos negocios opacos de Juan Carlos I.

"Como los propios autos de esta Exma. Sala de 1 de abril y 24 de julio de 2019 recogen, la querella presentada en su momento por esta representación tenían como base lo investigado en su momento por el Juzgado Central de instrucción", razona el escrito.

"Habiendo cesado la causa que fundamentó el archivo de estas actuaciones", reza el escrito, y existiendo "nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación 38/2018, remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado SM. Juan Carlos de Borbón, procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación", reza el escrito.

Además, y habida cuenta de que las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sobre las actividades del monarca fueron remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que previsiblemente se pronunciará en las próximas semanas sobre la posibilidad de abrir una investigación judicial al emérito, el escrito pide a la Sala que requiera oficio a la Fiscalía para que remita copia de estas actuaciones "para que sea unida a la presente causa".

El texto está fechado el jueves 30, y además de la coalición de izquierdas lo firman el Partido Comunista y el Foro de abogados y abogadas de izquierdas, los mismos actores que, en diciembre de 2018, formularon la querella contra Juan Carlos de Borbón.

Las tres organizaciones solicitan también que "se realice nuevo emplazamiento para realizar el deposito de la fianza de 12.000€", la misma cantidad que en su día les fue requerida como fianza para ejercer la acusación popular.

En la querella presentada entonces, IU denunció que el rey emérito podría haber cometido hasta siete delitos: cohecho, fraude a la Hacienda Pública, administración desleal, fraude, exacciones ilegales, tráfico de influencias cometido por autoridad y constitución de grupo criminal.

En lo que respecta a Larsen, apreciaron indicios de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, usurpación de funciones públicas, encubrimiento, tráfico de influencia, corrupción entre particulares y constitución de grupo criminal, aunque también apreciaron indicios de delito en actividades de Félix Sánz Roldán, exdirector del CNI, y del propio Villarejo.

El Supremo rechazó investigar porque la Audiencia Nacional cerró la causa

La Sala Segunda del Supremo acordó en un auto del 1 de abril de 2019 la inadmisión de la querella y el archivo de las actuaciones, en base a los razonamientos que hoy recuerda el escrito: "El órgano jurisdiccional que investigó los hechos no encontró indicios suficientes para la continuación del procedimiento; no constando que la resolución en la que se acordó el archivo fuera recurrida".

"Los hechos ya han sido investigados y el proceso penal se ha archivado. Porque se acordó su archivo provisional, es obvio que en dicho procedimiento penal no se elevó a esta Sala ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado y, particularmente, contra S. M. el Rey Don Juan Carlos", reza la argumentación del Supremo.

El 24 de julio, el Alto Tribunal desestimó el recurso de súplica de la coalición de izquierdas en contra del carpetazo a estas actuaciones, basándose en los mismos argumentos. "Los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que, como declarábamos en la resolución recurrida, no elevó a esta Sala ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado ante este órgano", zanjó el Supremo.