MADRID.- Antes de que se conocieran los ‘Papeles de Panamá’ o el escándalo ‘SwissLeaks’, incluso antes de que “en este país el que no tuviera dinero en Suiza era un hortera” (Mario Conde dixit), Oxfam Intermon ya era punta de lanza en las denuncias sobre los paraísos fiscales.

“Llevamos décadas alertando sobre los refugios del capital, lo que pasa es que antes se asociaban a dictadores africanos y a grandes fortunas latinoamericanas, y ahora es un problema que nos afecta a todos”, explica José María Vera, director general de la ONG.

Tanto que, según sus datos, un 1% de españoles concentra ya más riqueza que otros 35 millones juntos. “Y la desigualdad extrema –advierte- es la consecuencia más dura de una práctica tolerada por la legalidad-frontera que promueve la ingeniería fiscal y financiera”.

¿Cómo se le pone el cuerpo al director de Oxfam Intermón cuando abre los periódicos?

Muy mal. Los muros están al revés: los construimos para las personas y los derribamos para el dinero, para la evasión del capital.

Somos piloto de éxito de este paquete muro-valla cada vez más alto, de las devoluciones y de la externalización de fronteras. Es un éxito inhumano

¿Tiene remedio la avaricia en el actual modelo económico?

Tiene dos remedios: el de la ética, los valores, la responsabilidad; la conciencia de que con los impuestos pagamos la educación, la salud, los servicios sociales.
Y cuando los valores no funcionan, el de las reglas estrictas en el ámbito internacional. En Oxfam hemos propuesto una autoridad fiscal internacional, pero que tenga dientes; una autoridad real para poner reglas globales y hacerlas cumplir. Suena utópico, pero es perfectamente posible.

Utópico… e incluso ingenuo. Según ustedes, 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial más pobre.

Somos conscientes de que luchamos contra poderes muy fuertes. Pero también lo éramos cuando peleábamos contra la propiedad intelectual de los medicamentos esenciales o por un tratado internacional para el control del comercio de armas.
No creemos que sea ingenuo, aunque sabemos que nos queda mucha lucha por delante para que haya una justicia fiscal. La consecuencia de que no la haya es la desigualdad extrema. Y la indignación, que no sólo está en la ciudadanía, es un clamor global.

Un clamor que no se ve en la calle.

Ha habido calle, manifestaciones, mareas… Hay una alteración del panorama político, existe una mayor apertura. En este tiempo estamos trabajando con el Parlamento de una manera distinta; el hecho de que no haya una mayoría absoluta permite que estemos sacando iniciativas en la buena dirección.
La ciudadanía, que está enfadada, se ha hecho consciente de lo que ocurre con el círculo vicioso del poder: concentración de renta y corrupción, que hacen que las leyes caigan en una cierta dirección. Hay una mayor conciencia social.

¿Nos quedamos tranquilos con la dimisión del ministro Soria?

Nuestra inquietud no son cada uno de los casos, sino lo que llevamos décadas denunciando: los paraísos fiscales y las reglas que los toleran dentro de una legalidad-frontera promovida por la ingeniería fiscal y financiera.
Pedimos que se cierren. Y son los gobiernos los que pueden hacerlo.

Sin embargo, la inversión en paraísos fiscales creció en España un 2000% el año pasado ¿De quién es la culpa? ¿De Cristóbal Montoro?

La responsabilidad de Montoro es la misma que la de otros muchos ministros de Hacienda de los países desarrollados. Todo gobierno tiene la responsabilidad de exigir transparencia a las empresas y a las grandes fortunas; que se sepa dónde operan, qué beneficios tienen y cuánto pagan. Y que haya reglas que, desde esa transparencia fiscal, exijan que se pague donde se está operando.
La tecnología ha jugado a favor de la ingeniería fiscal. Pero está en manos de los gobiernos –no de uno, sino de muchos- el poner normas para que no ocurra.

Y aquí las normas son amnistías fiscales…

Y es una mala práctica. Lo que debe haber no es amnistía sino transparencia y contundencia con el que evada o eluda sus responsabilidades fiscales. Porque más allá de lo evadido, lo importante es lo eludido. Nuestro último informe era ‘La ilusión fiscal’. Aquello que parece que se paga y la queja de que España tiene unos tipos fiscales altos. Lo son para ti, para mí y para la gran mayoría de españoles con nómina. No para aquellos que pueden ir por vías alternativas. Hay muchos agujeros.

¿Existe algún partido, ahora que parece que volvemos a elecciones, en el que Oxfam confíe para que las cosas cambien?

El que asuma las propuestas que hemos hecho con más de 600 organizaciones de todos los ámbitos. En poletika.org, una iniciativa ciudadana que impulsa Oxfam, hacemos una valoración bastante rigurosa de cada programa electoral.

El ministerio de Hacienda está exigiendo un recorte de 10.000 millones a las CCAA, la mitad de lo que se ha dejado de recaudar en el impuesto de sociedades

Con esa valoración… ¿cuál sería el gobierno ideal para ustedes?

El que tenga la desigualdad en el centro de sus políticas. Ahora mismo el ministerio de Hacienda está exigiendo un recorte de 10.000 millones a las comunidades autónomas. Esos 10.000 millones son la mitad de lo que se ha dejado de recaudar en el impuesto de sociedades. No hace falta decir más.
Las grandes empresas, el Ibex, está en un 5% de su impuesto de sociedades, cuando las Pymes están en una media del 16% y las familias en el 21%. Esto sí es una decisión política y tiene intencionalidad política detrás.

Oxfam propone al futuro gobierno una vicepresidencia ejecutiva de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

El cambio de la Vicepresidencia Económica, focalizada en la economía de unos pocos frente a los muchos, a una vicepresidencia que tenga como hoja de ruta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que Rajoy firmó en septiembre. Habla del modelo productivo, del modelo energético, sobre ayuda humanitaria…

… en la que España sigue a la cola.

En mínimos, en un 0,3, por detrás de países como Grecia, Irlanda o Portugal. Hace diez días en el Congreso se aprobó una proposición no de ley por parte de todos los grupos, menos el Partido Popular, para defender una ayuda al desarrollo que pase al 0,4% en la legislatura.

Ahí sí me preguntaba yo ¿porqué el PP no está? ¿Qué motivos hay? Tiene que estar; es un acuerdo internacional que defienden todos, desde la ONU hasta el Banco Mundial. ¿Qué hay detrás que le impida estar?

Pero luego el Banco Mundial, según su propia denuncia, financia empresas que en su mayoría tienen presencia en paraísos fiscales.

Es que hay muchísimas. 34 de 35 empresas del Ibex tienen alguna filial en paraísos fiscales. Y la gran mayoría la han estado incrementado durante la crisis. Claro que las financiadas por el BM tienen. Pedimos que la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas incorpore la responsabilidad fiscal. Y al Banco Mundial que incluya en sus criterios de selección y descarte el hecho de que las empresas tengan filiales en paraísos fiscales. Si no se cierran, al menos que las vayamos ahogando. Si uno tiene una filial en un paraíso fiscal sólo puede ser para pagar menos impuestos.

34 de 35 empresas del Ibex tienen alguna filial en paraísos fiscales. Y la gran mayoría la han estado incrementado durante la crisis

Volvemos a lo de la avaricia. Otra denuncia de Oxfam: los países desarrollados solo han reasentado a 1,39% del total de refugiados.

Y en este punto me gusta hablar de los otros refugiados o los desplazados internos: los de Yemen, República Centroafricana, Chad, los burundeses que están saliendo hacia Tanzania, etíopes, somalíes… Lo que está haciendo Europa -vulnerar la legalidad internacional con el acuerdo UE-Turquía y las devoluciones- no sólo es devastador para los refugiados sirios, iraquíes o afganos, sino que es devastador para toda la comunidad internacional. Países que han tenido muchísima más generosidad, a pesar del impacto en sus propias comunidades, están mirando a esa Europa, tradicional valedora del derecho internacional. A ver con qué cara les miramos nosotros ahora.

¿Tiene que ver lo que está ocurriendo con la ideología? El PP tampoco les apoyó cuando presentaron 100.000 firmas contra el acuerdo UE-Turquía.

El acuerdo fue apoyado por los 28 estados de la UE. Es verdad que estamos viendo más agresividad en los países de la Europa del este, algunos muy nacionalistas con gobiernos de una derecha dura. Pero sería cauteloso a la hora de asociarlo con una ideología.
Estamos en un tiempo en el que no cabe ese debate. Tenemos una responsabilidad y una urgencia humanitaria que no debe conocer de ideologías ni coyunturas. Hay que responder ya.

Le preguntaba por el gobierno español…

Es cierto que el PP fue el único que no respaldó nuestras propuestas aunque dijo que iría con reservas a la negociación. Y finalmente se sumó a la corriente europea general. El Gobierno no ha hecho nada para acoger a los refugiados, tanto reasentados como relocalizados, de una forma directa, activa. ¡Y nos ponemos como ejemplo! El ministro Margallo se ha enorgullecido de cómo hemos conseguido frenar nuestra frontera sur.

¿Y cómo ha sucedido eso? ¿Cómo se ha frenado la frontera sur?

Porque son flujos móviles. La población migrante cambia; va por donde es menos difícil llegar aunque se arriesgue la vida. Si una ruta se pone difícil, busca otra. Ya está creciendo Libia-Italia. No es descartable que vuelva a crecer la ruta sur.
¿Cómo lo ha hecho? Externalizando nuestras fronteras; pasando una responsabilidad mayor a Marruecos. Las devoluciones no sólo las está haciendo Grecia… las ha hecho España.

¿Con un acuerdo no escrito?

Somos piloto de éxito de este paquete muro-valla cada vez más alto, de las devoluciones y de la externalización de fronteras. Es un éxito inhumano. Como si en el otro lado hubiera animales y no personas. Y esto no se frena nunca.

Sobre la ruta Libia-Italia, titulaba la semana pasada un diario de tirada nacional: ‘Crece la llegada de inmigrantes africanos y sirios a Italia’.

Y en el acuerdo UE-Turquía también se usan las palabras inmigrante y refugiado de una forma que apunta a la confusión interesada para que no se haga lo que se debe hacer: la atención individualizada y el estudio caso a caso de toda persona que tiene derecho a exponer su situación de persecución y ser acogida.

¿De quién es la responsabilidad de que en España –país solidario- solo se haya acogido a 18 refugiados?

Hay una patata que se están pasando el Gobierno y las instituciones europeas. Europa debe establecer los mecanismos de forma efectiva. Pero hay una responsabilidad en el Gobierno español, proactiva, de facilitar, de poner medios si no los ponen las instituciones europeas. Hay partidas aprobadas que no se están gastando y capacidad que no se está utilizando. Y no hablo de la solidaridad privada sino de la oficial, que no se está utilizando por falta de voluntad política del Gobierno español.

Dos familias sirias están en el cortijo de Cayetano Martínez de Irujo. ¿Cómo es que él lo ha conseguido y lo demás no? ¿Qué hacemos el resto?

Hay mucha gente dispuesta; existen redes ciudadanas para acoger refugiados. Pero hasta que el Gobierno no ponga los mecanismos para que vengan, lo único que podemos hacer es exigir… seguir exigiendo.