Alberto Garzón en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, ha presentado una propuesta para acabar de una vez por todas con “el retroceso brutal de la libertad de expresión de nuestro país de los últimos siete años”.

Mientras la reforma de la Ley Mordaza sigue paralizada en el Congreso, se propone parar los procedimientos penales de recorte de la libertad de expresión con una proposición de ley que derogue los artículos del Código Penal que están “obsoletos”, “que no son dignos de ningún país democrático y que, de repente, desde hace siete años se aplican de manera profusa”.

A pregunta de nuestro periódico sobre por qué piensa que esta iniciativa va a tener mejor suerte que otras que duermen en la mesa del Congreso, acunadas por PP y Ciudadanos, contesta: “Entendemos esta iniciativa no solo como un elemento parlamentario. Creemos que lo que ha pasado en las últimas semanas ha sensibilizado a una parte muy importante de la población y creemos que hay mucha gente dispuesta a movilizarse. Los numerosos comentarios que hemos leído en las redes sociales en este sentido son positivos y construyen pero tienen que ir acompañados también de una proposición de ley que, es verdad que puede encontrar los obstáculos que están encontrando otras leyes, como la Ley Mordaza,  pero entonces habrá que señalar a los responsables: PP y Ciudadanos”. “Si Ciudadanos lo vuelve a hacer dejará claro que son cómplices de la restricción de libertades de nuestro país”. “Sobretodo queremos demostrar a la ciudadanía que España tiene una alternativa y que la gente no se frustre pensando que esto va a ser así para siempre. Tiene solución.” “Esta iniciativa forma parte de un paquete que incluye movilizaciones en la calle.”

Concretamente, su propuesta pretende derogar al Art. 525 sobre el delito de escarnio público o vejación pública de los representantes de las confesiones – en su opinión, en un estado aconfesional, lo único que hay que proteger es la libertad religiosa, cosa que ya hacen otros artículos-; el Art. 490.3 y 491 sobre el delito de injurias a la Corona, que considera “anacrónico y asimétrico para los acusados” porque, en base a que esta institución está libre de responsabilidades, no pueden ni tratar de demostrar que lo que dicen en contra de la Corona es verdad o no; el Art. 543 sobre el delito de ultraje contra la patria, que hace posible que se pueda imputar a quien pita al himno nacional; el Art. 504 sobre injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, Supremo y demás tribunales de justicia, y a los Ejércitos, Clases y Fuerzas de Seguridad del estado,que reconoce que apenas se ha aplicado pero que insta a su derogación para evitar su activación “al calor de la ola represiva que padecemos”- y, por último, el Art. 578 sobre el enaltecimiento del terrorismo.

Sobre éste último, recuerda que nació hace diecisiete años de un pacto PP-Psoe en un momento de extrema violencia terrorista en España y que, paradójicamente, los primeros once años apenas hubo juicios por este delito. Cuando ETA declaró el cese de su actividad criminal comenzó la persecución por este asunto. En opinión del líder comunista, la ambigüedad jurídica que implica tiene desfilando por la audiencia nacional, a merced de la parte más reaccionario de nuestra judicatura, a 76 personas detenidas entre 2014 y 2015, en la “Operación Araña”, por tuitear, presuntamente, incitando a la comisión de delitos terroristas. En un contexto de no violencia, en el que ni ETA ni el GRAPO están activos, “este delito no tiene ningún sentido, salvo el de reprimir la libertad de expresión”.

Su intención es mejorar esta propuesta abriéndola a la participación de colectivos afectados y partidos aliados, antes de presentarla en las próximas semanas. Esperan que los socialistas se sumen y el resto del arco parlamentario de izquierdas. “La minoría de derechas del PP y de Ciudadanos en la cámara, no debería impedirnos dejar de hacer el ridículo internacional con las sentencias que estamos conociendo en los últimos días”, remacha.

Es un secreto a voces que el PSOE aceptó esta propuesta en las negociaciones de un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez en 2015 y que el único inconveniente para los socialistas era la derogación del enaltecimiento del terrorismo porque es un asunto espinoso que “puede dar muchos titulares”, según fuentes presentes en aquella negociación.

Garzón, se muestra flexible a negociar incluso este punto por conseguir demostrar a la ciudadanía que “en este país no hay que ir a la cárcel por poner un tuit o cantar una canción. Hay alternativa”.