La Izquierda Plural propone en el Congreso que los delitos de corrupción no prescriban

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) ha presentado en el congreso una iniciativa parlamentaria para debatir un "plan integral para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción" (lee aquí la Proposición No de Ley al completo) Así lo ha anunciado el coordinador federal de IU, Cayo Lara, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha asegurado que la corrupción es el principal "cáncer de España", ya que "este país se ha corrompido por encima de nuestras posibilidades".

Según Lara, este plan persigue que se amplíen los tipos penales y se endurezcan las penas "para los corruptos y los corruptores públicos y privados", y también el agravamiento de penas cuando se cometa un delito a través de paraísos fiscales.

"Queremos que se pueda perseguir la corrupción con más fondos, con más contrataciones públicas y exigiendo responsabilidad subsidiaria para los bancos que oculten información " sobre hechos delictivos, ha explicado el coordinador de IU, cuyo paquete de 45 medidas incluye la modificación de la ley para conseguir que los delitos económicos relacionados con la corrupción "no tengan fecha de prescripción".

En un mes en el que casos como el de las tarjetas black de Caja Madrid o la Operación Púnica han conmocionado a la opinión pública, la Izquierda Plural entiende que "el Estado no puede permanecer inerme y debe actuar seriamente".

"El PP tiene más corruptos en sus filas que cuestas hay en Toledo" 

Lara ha vuelto a criticar la actitud del PP y del Gobierno, que han vetado en repetidas ocasiones una comisión de investigación parlamentaria sobre algunos casos como el de las cajas de ahorro. "El dinero de las cajas se lo ha llevado alguien, no han sido los marcianos. Quisimos investigarlo pero el PP dijo que no porque quiere una ley de punto y final", ha criticado Lara, que considera que los conservadores "tienen más corruptos en sus filas que cuestas hay en Toledo". 

Las 45 medidas propuestas van encaminadas a perseguir estos delitos con más contundencia, a mejorar la prevención y lucha contra el frude fiscal, a establecer mecanismos de control en las contrataciones públicas y a que haya más transparencia.

Entre otras medidas, exigen que se establezcan procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales que afecten a cargos públicos, para los que piden una ampliación de hasta 30 años de inhabilitación para ocupar cualquier tipo de cargo si resultan condenados.

En cuanto al fraude fiscal, la Proposición No de Ley de este grupo persigue limitarlo a un máximo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) mediante una disposición transitoria por la que se amplíe el periodo de prescripción de este delito "un año en el momento de su aprobación, dos años tras la finalización del primer año, tres a partir del segundo y cuatro a partir del tercero" hasta que la prescripción de este delito se extienda a diez años si se oculta la identidad del defraudador, se usen paraísos fiscales o se emplee un entramado organizativo para la evasión fiscal.

Otro de los puntos que la formación quiere modificar es el de las campañas electorales, para las que exigen "un tope máximo" para el gasto de los partidos.

También propone una reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007, prohibiendo las donaciones a partidos o fundaciones vinculas a los mismo por parte de empresas contratadas por la Administración Pública, "especialmente aquellas provenientes de constructoras o promotoras".

Según Lara, "hay dinero para hacer otra política", y se podría conseguir combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal, que su formación estima en 80.000 millones de euros al año. "En cuatro años habría 250.000 millones" para desarrollar las propuestas de IU, que defiende que "existen fórmulas para recuperar 15 puntos del PIB, 150.000 millones".