La izquierda andaluza calcula que los "regalos fiscales" de Moreno a los ricos cuestan a la Junta mil millones

El debate sobre la fiscalidad en Andalucía está abierto y la oposición al PP no renuncia a dar la batalla en este terreno después de que el Constitucional avalara el tributo estatal a las grandes fortunas, que la Junta de Andalucía (al alimón con otras comunidades gobernadas por el PP) había recurrido.

Mientras el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, en aplicación de su ideología neoliberal, defiende que gracias a sus reformas fiscales (que han favorecido más a quien más tiene y quien más gana) Andalucía logra recaudar más, PSOE, Por Andalucía y Adelante cifran, por el contrario, en el entorno de los mil millones de euros la merma en el presupuesto autonómico.

Mil millones, aunque las cuentas superan los 45.000 millones en total y por tanto podrían parecer pocos en comparación, son, empero, una cantidad considerable. Suponen por ejemplo, la mitad del presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Mil millones servirían también, si se destinaran todos ahí, para contratar 20.000 sanitarios (ahora que se discute sobre 7.000 contratos) si se tomara como referencia un coste (al alza) de 50.000 euros por cada contrato, según indican fuentes de Por Andalucía.

"Se debe hablar bien claro de estafa fiscal [cuando caen] los recursos para el mantenimiento de las políticas y servicios públicos a base de regalos fiscales de los que sólo o principalmente se benefician una minoría que precisamente no precisa de esos servicios y políticas públicas", consideran en la coalición de izquierdas, que agrupa a diputados de Podemos, IU y Más País.

Los cálculos de la oposición

Las enmiendas a la totalidad al presupuesto para el próximo año que se tramita estos días en el Parlamento de Andalucía (el PP tiene mayoría absoluta por lo que lo aprobará sin problemas) de los partidos de la oposición, consultadas por Público, recogen así duras críticas a la política fiscal del Gobierno y estimaciones sobre lo que se deja de recaudar por las diversas rebajas fiscales acometidas por Moreno. 

Entre ellas están las bonificaciones al impuesto de sucesiones para herencias superiores al millón de euros y por la supresión del pago por el patrimonio, que solo debían abonar quienes acumulasen en bienes más de 700.000 euros, excluida la vivienda habitual, menos de 20.000 personas en toda Andalucía.

El PSOE calcula lo siguiente y lo recoge así: "Las bajadas masivas de impuestos a las grandes fortunas en Andalucía retraen del presupuesto 1.170 millones que son esenciales para aumentar las inversiones y mantener la autonomía financiera de la Junta de Andalucía".

Las consecuencias van más allá, según los socialistas: "No solo reducen la recaudación actual, sino que también limitan la capacidad para gastar según la regla de gasto. Las caídas permanentes de recaudación elevan el gasto computable y penalizan fiscalmente en el modelo de financiación vigente".

Además, para el PSOE, "estos regalos fiscales también suponen meterse de lleno en el dumping fiscal con otras comunidades" aprobado por el Parlamento andaluz en 2018.

Por Andalucía estima que "si se hubiese mantenido la misma capacidad recaudatoria que hace cinco años [2018, cuando dejaron de gobernar los socialistas] en las partidas 100% dependientes de las decisiones tomadas aquí, Andalucía contaría con 1.400 millones de euros más. Es decir se podría duplicar el crecimiento presupuestario que hoy se vende como histórico".

La coalición de izquierdas incluye en esa cantidad además de sucesiones y donaciones, que asumen que está en el entorno del cálculo que hacen los socialistas, según las fuentes consultadas, las rebajas en la fiscalidad del juego y otros impuestos.

La curva de Laffer

Para Moreno y el PP sucede todo lo contrario. Durante el pasado debate sobre el Estado de la Comunidad proclamó que había quedado demostrado que "con menos impuestos hay más contribuyentes y se recauda más", una manera de resumir el famoso credo liberal sintetizado en la famosa curva de Laffer.  El presidente de la Junta afirmó entonces que los ingresos en los últimos cuatro años habían aumentado en 7.700 millones en relación con los cuatro años anteriores y que el número de declaraciones de IRPF se había elevado en más de medio millón.

"La practica totalidad son declarantes de bajas rentas con mas de un perceptor favorecidos por el crecimiento del empleo y la reforma laboral. La práctica totalidad del aumento de los autónomos que se ha producido declaran menos de 6.000 euros. El resto es por el crecimiento económico, la digitalización y la lucha contra el fraude fiscal. Andalucía solo supone el 8% del IRPF recaudado en España. Una cifra ridícula. Y en 2023 crece menos que la media. Ergo argumento falso", asegura Gaspar Llanes, secretario de Economía del PSOE andaluz.

Para Por Andalucía, "a pesar de la propaganda, bajar impuestos no se traduce en aumentar la recaudación". "El dinero no va al bolsillo de la gente [y] –agrega la coalición– Andalucía sigue ocupando todos los rankings de pobreza y desigualdad mientras ser rico en Andalucía cada vez sale más barato".

Adelante Andalucía también carga contra la política fiscal del Gobierno andaluz y recuerda que el Tribunal Constitucional ya hizo "una enmienda a la totalidad de las políticas fiscales y recaudatorias de la Junta de Andalucía con el varapalo al recurso interpuesto contra el impuesto a las grandes fortunas". "Este fracaso del Gobierno andaluz es el fracaso de una planificación tributaria antisocial dirigida a proteger a los más ricos sustituyendo la progresividad fiscal por la protección de las clases altas y la redistribución por la acumulación de unos pocos", agrega el partido de Teresa Rodríguez.

Infrafinanciación de Andalucía

Este mismo lunes el Gobierno andaluz reclamó precisamente mil millones al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la cifra que consideran escatima el actual sistema de financiación cada año a la Comunidad Autónoma. "Andalucía se vuelve de Madrid sin los mil millones que pierde cada año respecto a la media con el actual sistema de financiación", dijo la consejera andaluza de Hacienda.

Carolina España reclamó sin éxito de nuevo la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado un fondo transitorio de nivelación que compense a las comunidades infrafinanciadadas, como Andalucía. "No queremos que le resten a otras comunidades, pero sí que nos compensen y que Andalucía se sitúe en la media", dijo.

Para los socialistas, "no se puede reclamar que estamos infrafinanciados en unos 1.000 millones de euros y a la vez hacer dumping fiscal y regalar 1.170 millones a las grandes fortunas que reducen la recaudación real".

"Andalucía depende de la solidaridad con el resto de los territorios y debe ser muy coherente y responsable en sus políticas fiscales. De cara a un nuevo modelo de financiación autonómica será muy difícil defender la falta de financiación si se mantiene el dumping fiscal. La Comunidad de Madrid se lo puede permitir de forma injusta porque no depende de los demás en una negociación multilateral", argumentan en el PSOE de Juan Espadas.

Para Adelante Andalucía "resulta insultante que la Junta de Andalucía pretenda maquillar el agujero que supone la reducción sistemática de impuestos a las rentas medias y altas con reclamaciones al Gobierno central. Es evidente que Andalucía está mal financiada y que el Estado ha generado una segunda deuda histórica con Andalucía, pero la Junta de Andalucía utiliza el maltrato financiero por […] los gobiernos continuistas del PSOE y del PP como excusa para tratar de tapar todas las maniobras desplegadas en sus decisiones y que suponen ya la reducción de un 22% de los impuestos propios de Andalucía […], lo que se traduce en 760 millones menos que se quedan en los bolsillos de las clases altas de Andalucía y que por tanto no se pueden destinar a equilibrar las desigualdades internas que padecemos".

"Avanzar en la financiación que Andalucía merece por justicia es necesario, pero utilizarlo como parche frente a una política de involución recaudatoria transfiriendo recursos desde lo público a las clases altas es una indignidad que no merecen las mayorías sociales de nuestra tierra", remacha Adelante.