IU exige al Gobierno la ilegalización de los partidos de extrema derecha

Izquierda Unida ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso de los diputados este viernes exigiendo al Gobierno que ponga en marcha los mecanismos necesarios para ilegalizar a los partidos de extrema derecha. La iniciativa, encabezada por los diputados Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares, se produce dos días después de que un grupo ultra asaltara la librería Blanquerna de Madrid mientras se celebraba un acto con motivo de la Diada. Llamazares, además, ha emplazado al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a abrir "un procedimiento de declaración del partido político Alianza Nacional como asociación ilícita" y "promover su ilegalización y disolución”.

En los últimos meses han sido varios los exponentes de IU que han llamado la atención ante lo que consideran un alarmante aumento de actos y agresiones por parte de estos grupos ultras. En una entrevista el jueves por la mañana en Radio Nacional de España, el coordinador federal, Cayo Lara, avisó de que lo sucedido en el centro cultural catalán en la capital no era un hecho aislado, y que las recientes imágenes en las que se ha podido ver a diferentes miembros de las Nuevas Generaciones del PP posando con símbolos fascistas y nazis o haciendo el saludo romano, no podían minimizarse. Por ello instó al Gobierno a tomar las medidas oportunas. En junio, el propio Ejecutivo reconoció a Sixto que los grupos ultra están recibiendo cada vez más ayudas de los equipos de fútbol.

En la proposición no de Ley,  además de pedir que se actúe contra los detenidos por el ataque al centro Blanquerna, entre los que hay un familiar del ministro de Defensa, Pedro Morenés, ambos diputados denuncian que "en España, a diferencia de Alemania, Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea, no se dispone de ninguna estadística oficial de las agresiones racistas y de la violencia neonazi en general". También inciden en que IU ha sido víctima de esos ataques recientemente en Madrid ante "la pasividad de la Delegación del Gobierno". A finales de junio, la sede de la federación en la localidad de Morarzarzal fue incendiada y según Llamazares y Sixto, varios cargos públicos, afiliados y simpatizantes de IU han sufrido amenazas.

"Los gobiernos deben responder ante lo que verdaderamente son: ataques de corte fascista que tienen anclaje en organizaciones y grupúsculos que difunden su ideología nazi poniendo en peligro la seguridad y la convivencia pacífica y democrática de los ciudadanos. Por tanto, no sólo debemos quedarnos en la denuncia institucional sin paliativos de la actuación de grupos de extrema derecha o de los delitos que éstos pudieran cometer" reclaman.

De este modo, IU exige al Gobierno "que ponga en marcha todos los instrumentos que la legalidad vigente pone a su alcance" para investigar "las actividades de aquellos grupos sospechosos de participar en movimientos de extrema derecha, sus redes de financiación, la difusión de su ideología por diversos medios, sus actuaciones, sus conexiones con otras organizaciones en España y a escala internacional", haciendo hincapié en que el propio Parlamento Europeo ha denunciado que al menos 1.300 grupos ultra repartidos por los países miembro, tienen algún tipo de conexión entre sí.

Ambos sustentan su petición de ilegalización recurriendo al artículo 515.5 del Código Penal, que establece como asociaciones ilícitas aquellas que promueven "la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión y creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía o incitan a ello". 

Mientras, Llamazares solicitó ayer por carta a Torres-Dulce "abrir un procedimiento de declaración como asociación ilícita y, en su caso, a promover su ilegalización y disolución" a Alianza Nacional (AN). El diputado por Asturias hace referencia a que en su fundación en 2005, AN se definió como una formación "heredera ideológica de los fascismos europeos" y que en su declaración política existen ejemplos de su ideología racista. 

Llamazares cita como ejemplo su propuesta sobre la inmigración: "Siendo un principio irrenunciable nuestra concepción nacional la salvaguarda de la identidad racial y cultural española, constituye una determinación de nuestra voluntad nacional la expulsión de todos los colectivos de inmigrantes que soporta nuestra patria, lo que conlleva la revocación, con carácter general, de todas las concesiones de nacionalidad española a extranjeros".

Por último, también denuncia que este grupo que "proclama su pretensión de ‘acción directa', viene presentándose de forma testimonial en distintas convocatorias electorales. La candidatura presentada en Chiva (País Valencià) fue especialmente polémica, debido a que uno de los candidatos cumplió condena por el asesinato en 1993 del joven Guillem Agulló. De otra parte, el Ministerio del Interior puede procurar a esa Fiscalía General una abundante y contrastada documentación de antecedentes policiales graves".

Este viernes, los eurodiputades Ramón Tremosa y Salvador Sedó (CiU), Raül Romeva (ICV), Maria Badia y Raimon Obiols (PSC), Iñaki Irazabalbeitia (en representación de ERC), Willy Meyer (IU) e Izaskun Bilbao (PNV) pidieron al Parlamento Europeo que "actúe y obligue al Gobierno español a cumplir las normas europeas " que obligan a "perseguir penalmente toda incitación al odio contra otros grupos humanos así como la exaltación de regímenes autoritarios como lo fue el franquismo".

Proposición no de Ley IU sobre ilegalización partidos fascistas by publico2013