MADRID.- Izquierda Unida ha denunciado como "muy grave" la actuación de la Fiscalía General del Estado que ha impedido a la Justicia española colaborar con la llamada querella argentina, única causa judicial que actualmente investiga los crímenes de la dictadura franquista y que está siendo instruida en Buenos Aires (Argentina) por la jueza María Servini de Cubria. 

"Las últimas decisiones de la Fiscalía en este caso ponen de manifiesto su clara vinculación con el poder político, dado que en este procedimiento coinciden todas las decisiones y argumentos de ambos. Es insostenible en un sistema constitucional esta dependencia Fiscalía-Gobierno”, advierte Esther López Barceló, responsable federal de Memoria Democrática de Izquierda Unida. 

La dirigente federal de IU se ha referido de esta manera a la instrucción dada por la Fiscalía General del Estado para provocar la suspensión de las declaraciones de los víctimas de la dictadura y ex altos cargos del franquismo que la jueza Servini había citado ante diversos juzgados del Estado español para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista pueden considerarse de genocidio y lesa humanidad.

Esta orden se ha canalizado a través de una instrucción de obligado cumplimiento remitida el pasado 30 de septiembre para que todos los representantes del ministerio público en todos los juzgados actúen para suspender esas declaraciones aduciendo, entre otros motivos, a la Ley de Amnistía. . El primer afectado práctico por todo esto ha sido Gerardo Iglesias, fundador y ex coordinador general de Izquierda Unida, además de ex secretario general del PCE, al que ayer se impidió declarar en un juzgado de instrucción asturiano en relación a las torturas que sufrió durante la dictadura franquista.

La responsable federal de Memoria Democrática de IU considera que, legalmente, “el argumento de la Ley de Amnistía o la supuesta prescripción de los hechos no pueden servir para evitar la declaración de testigos, como es el caso. Que los hechos hayan sido amnistiados o estén prescritos es algo que tendrá que decidir el juez, a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes, entre ellas la declaración de los testigos”.

“Esto no puede utilizarse de antemano por la Fiscalía -apostilla la responsable de Memoria Democrática de IU- para, precisamente, impedir la investigación. La amnistía y la prescripción se declaran al final del proceso, no en su inicio”, ha añadido. 

Esther López Barceló muestra su preocupación por el hecho de que “parece que en este país sigue siendo más fácil ser ‘Billy el Niño’ que Gerardo Iglesias”, en alusión a Antonio González Pacheco, conocido torturador e inspector de policía durante el franquismo y la transición, para quien la jueza Servini pidió la extradición, rechazada por la Audiencia Nacional en 2014. “Es lamentable que a día de hoy haya que seguir recordando la necesidad de legislar a favor de las víctimas de la dictadura, mientras que parece que se sigue garantizando su impunidad”, ha sentenciado la dirigente de IU.