Se complica la macrocausa sobre una trama de corrupción tejida entorno al negocio de la noche, en la que se investiga a 25 policías, a políticos del PP mientras el juez y el fiscal del caso han tenido que obtener licencia de armas ante las presiones que reciben.

Este lunes declaraba en el juzgado uno de los principales investigados, el magnate de la noche Bartolomé Cursach, en prisión preventiva desde marzo. Y un abogado ha convocado una manifestación a la que han asistido más de cien personas, muchas de ellas familiares de los investigados, empleadas del empresario y policías locales, quienes a bocinazos y silbatos han protestado durante tres horas por esta investigación con una gran pancarta que decía: “Corrupción en el juzgado de instrucción”.

El magistrado del caso, Manuel Penalva, se ha personado en el juzgado para iniciar su jornada laboral escoltado por policías de paisano. Y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán lo ha hecho acompañado del fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, y el teniente fiscal Ladislao Roig.

El propio fiscal jefe de Balears ha declarado en las puertas del juzgado que, aunque las manifestaciones pacíficas son un derecho constitucional, "salir a la calle a gritar contra las decisiones de jueces y fiscales no es lo adecuado" porque "puede comprometer la independencia judicial". También han protestado contra esta manifestación tres asociaciones de jueces y la Unión Progresista de Fiscales. Nada ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, institución creada por la Constitución para proteger la independencia judicial.

Los manifestantes han recorrido después varias calles y han regresado ante el juzgado de instrucción 12 llevando a hombros al convocante de la protesta, el letrado Vicente Campaner, mientras gritaban "Penalva dimisión".

Mientras esto sucedía en la calle, en el juzgado ha comparecido Bartolomé Cursach durante unos 20 minutos ante el juez y defendido por sus abogados Enrique Molina y Juan Socías. Sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, a alguna del juez y se ha negado a responder al fiscal.

Su mano derecha, Tolo Sbert, -ex director del Grupo Cursach- ha declarado algo más de una hora. Estaba también prevista también la declaración de otros dos trabajadores del grupo, pero finalmente no se ha producido.

El abogado de Sbert ha informado al juez Penalva que investiga el presunto trato de favor al conglomerado empresarial, que solicitará su recusación para que instruya el caso otro magistrado.

El letrado ha anunciado su intención al juez durante la comparecencia de Sbert en el juzgado, la segunda desde que fuera detenido e ingresara en prisión preventiva el pasado mes de marzo, junto al empresario Bartolomé Cursach, han informado fuentes jurídicas.

Tanto el empresario del ocio nocturno como su mano derecha han sido trasladados este lunes desde la cárcel a los juzgados, donde estaban citados a declarar en el marco de esta investigación sobre una presunta trama corrupta de funcionarios, policías y políticos, parte de la cual se encuentra bajo secreto de sumario.

Durante su declaración, Sbert ha manifestado que tras su detención, la policía le presionó indicándole que incriminara al ex delegado del Gobierno José María Rodríguez. A raíz de esta denuncia, el abogado defensor de Rodríguez ha solicitado al magistrado que se deduzca testimonio de estas manifestaciones y se investiguen estos hechos.

Las declaraciones continuarán el miércoles, cuando el juez ha citado a la ex directora general de Turismo, Pilar Carbonell, que dimitió del cargo tras su imputación.

Este caso arrancó con un soplo a raíz de las detenciones de la banda ‘Los Ángeles del Infierno’. Se investiga una supuesta trama de corrupción política, policial y funcionarial creada en torno a la ‘protección’ de los empresarios de la noche de Palma y Calviá –palizas incluidas- a cambio de sobornos y supuestas fiestas con prostitutas y drogas.

El abogado Vicente Campaner, convocante de la protesta, frente al TSJB. /EFE

Una testigo clave ha dado un giro a la investigación al desmentir su declaración inicial. Se trata de una ‘madame’ que entregó su agenda al juez y ahora dice que le presionaron para señalar a políticos como clientes.

Tanto Cursach como Sbert se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 3 de marzo como presuntos autores de los delitos de extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, uso de información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones blanqueo, delito fiscal, salud pública, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y corrupción de menores.

En el auto de ingreso en prisión, el magistrado considera que el Grupo Cursach “actúa como una organización criminal” y es investigada en una causa donde ya se ha amenazado a uno de los testigos.

Esta supuesta asociación criminal actuaba mediante “un control total sobre los agentes y mandos policiales, quienes presionaban, coaccionaban, perjudicaban o reprendían a los agentes que legalmente actuaban contra algún establecimiento” de dicha trama.

Los policías locales investigados acosaban a los establecimientos de la competencia, a base de inspecciones mientras retiraban las actas que se abrían contra los negocios de Cursach, según la investigación.

El juez considera que existen “muy serios indicios” de “variados e inconfesables” intereses negociables –aires acondicionados, cámaras, limpiezas, seguros, seguridad privada, expenduría, tapicería, gestoría…-, así como goce de prebendas –dinero, sexo, consumiciones.comidas..- por parte de numerosos policías locales en las funciones que intervenían por razón de su cargo.