La investidura de Fernando López Miras, el candidato del PP en la Comunidad de Murcia, de la mano de Ciudadanos y Vox, centra las miradas en Isabel Díaz Ayuso, la portavoz 'popular' en Madrid, puesto que aspira a ser elegida mediante la misma alianza. Dos socios condenados a entenderse pero que se miran con mutuo recelo y un acuerdo que tarda "demasiado" en llegar, según apuntan voces en Génova.

A pesar de que los 'populares' ya pactaron con Ciudadanos —de la mano de Ignacio Aguado— un acuerdo de coalición para presidir la región, necesitan los 12 votos a favor de la formación ultraderechista encabezada por Rocío Monasterio para gobernar en Madrid. Los de Santiago Abascal han ido rebajando sus exigencias —al inicio de las negociaciones, demandaban entrar en el Ejecutivo— y el pasado miércoles le presentaron al PP una propuesta que Cs rechazó. 

Tras el impás, el Partido Popular ha tomado la iniciativa y "atenuado" las peticiones que exigía la ultraderecha, al eliminar la derogación de los artículos de las leyes LGTBI, la supresión de consejerías o el asegurarse que ningún menor extranjeros no acompañado ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada su edad "de forma fehaciente". Sin embargo, los de Casado mantienen del documento original de Vox de que los migrantes en situación irregular tengan que pagar por la asistencia sanitaria en Madrid.

"Dado que los recursos de los madrileños no son ilimitados, colaborar con la Administración General del Estado para asegurar el cumplimiento estricto de los acuerdos en materia de atención sanitaria, potenciando los mecanismos de facturación y cobro efectivo del gasto sanitario ocasionado por turistas y/o extranjeros en situación irregular durante su estancia en España", señala el documento difundido por los conservadores.

En el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, en el epílogo sobre 'Sanidad Pública de Calidad', en el primero de sus puntos, la 'universalidad' del derecho a la asistencia médica ya no aparece. Este primer punto sólo garantiza que la sanidad seguirá "siendo gratuita" y que se mantendrá la libertad de elección de los pacientes del Hospital, Centro de Salud y profesional sanitario. Un 'guiño' a la ultraderecha que se ha formalizado en este nuevo documento.

No obstante, exigir el cobro de la asistencia sanitaria a los Estados de origen de los migrantes ilegales y los turistas no depende de las autonomías. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto de la "recuperación de la sanidad universal", reconociendo el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que lleven más de 90 días de residencia en España. 

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en plena campaña electoral planteó que se volviese a aplicar "la ley de racionalización del sistema sanitario del 2012", que supuso impedir el acceso al sistema sanitario a los migrantes indocumentados y con la que, a su juicio, se acababa con "se turismo sanitario sin contraprestación del país de origen". 

Además, los 'populares' también se comprometen a garantizar que la policía tenga "acceso directo a la información de que dispone la Administración Regional sobre los extranjeros en situación irregular", además de colaborar con la Administración General del Estado para asegurar "una inmigración ordenada, legal, respetuosa con la cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo”.

Cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado "de la misma forma".

En el documento del PP también pretenden garantizar "la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos" y "la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales". Además se establece que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia sea tratado "de la misma forma".

La propuesta también incluye, entre otros compromisos, el refuerzo de las labores de la Inspección de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid "para prevenir el adoctrinamiento político en las aulas".

El Partido Popular cede con Vox también en propuestas como la de "eliminar o reducir al máximo todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid", la de suprimir las "agencias, entes y organismos" públicos que "no respondan a criterios razonables de uso del dinero público" y la de evaluar el impacto de las subvenciones.