Interventores del Estado niegan relación entre los papeles de Bárcenas y contratos públicos
Los peritos de la Intervención General del Estado, dependientes del Ministerio de Hacienda, admiten "dificultades" para acreditar una correlación entre donaciones de empresarios registradas en la supuesta 'caja b' del PP y adjudicaciones de obra pública.
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Dos peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) se han ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el informe en el que sostienen que no se puede establecer una "correlación temporal" entre las donaciones anotadas en los papeles del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y los "volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas".
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La acción popular mantiene que al menos en dos de los casos sí existe una relación entre las entregas de dinero y el aumento de contratación
La acción popular integrada por Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes asegura que al menos en dos de los casos sí existe una relación entre las entregas de dinero reflejadas en los papeles de Bárcenas y el aumento de la contratación.
En total, en este periodo se adjudicaron contratos por valor de 22.452 millones de euros que fueron aprobados por administraciones gobernadas por el PP
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En su informe, entregado a Ruz el pasado noviembre, la IGAE analizaba las donaciones que 15 empresas constructoras y de servicios, que aparecían en los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas, realizaron entre los años 2002 y 2009 por un total de 4,8 millones de euros. En su conjunto se adjudicaron contratos por valor de 22.452 millones de euros en este periodo que fueron aprobados por administraciones gobernadas por el PP.
Según Bárcenas, ese contrato se otorgó en 2007 a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros
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Los dos expertos se han ratificado también en el informe sobre el contrato de basuras adjudicado a Sufi, filial de Sacyr, por el Ayuntamiento de Toledo y han afirmado que era "nulo de pleno derecho". Ese contrato, que según Bárcenas se otorgó en 2007 a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros, se elevó en 11,3 millones de euros "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho", según la IGAE.