BARCELONA.- El Ministerio del Interior por medio de la Dirección General de la Policía investiga unos hechos en los que presuntamente se vieron implicados un grupo de antidistubios de los que se encuentran desplegados en Cataluña y que protagonizaron un incidente con una bandera 'estelada' llegando uno de ellos a orinar sobre la símbolo independentista.

Según detalla el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita,, "la jefatura Superior de Policía de Cataluña está llevando a cabo una información reservada sobre lo acontecido para el total esclarecimiento de los hechos". Esta información reservada es el paso previo a la apertura de un expediente sancionador en caso de que se hallen indicios suficientes para ello.

En la misma explicación ofrecida por el Ejecutivo, se precisa que "actualmente la información reservada no ha concluido, continuándose con la práctica de diligencias de investigación". La respuesta parlamentaria escrita no entra a describir los hechos, que sí detalla en su pregunta el diputado de ERC, Joan Tardà.

"Cuatro agentes fuera de servicio"

El dirigente independentista relata que "cuatro agentes de la Policía Nacional que estaban fuera de servicio iniciaron una discusión con un grupo de jóvenes en las afueras de un local de ocio de la localidad catalana de Calella (comarca de El Maresme)" y que "en el transcurso de la discusión uno de los agentes entró en el local, donde descolgó una estelada y regresó a la calle para hacer mofa de ella y acabar meando encima mientras gritaba consignas contra la independencia de Cataluña".

"La jefatura Superior de Policía de Cataluña está llevando a cabo una información reservada sobre lo acontecido para el total esclarecimiento de los hechos"

Añade que "cuando la tensión subió de tono una joven llamó a los Mossos d'Esquadra y el policía huyó llevándose la estelada meada". Aclara Tardà que "los jóvenes no presentaron ninguna denuncia ante los Mossos ni ante la Policía Local cuando se personaron" y apunta que "estos Policías forman parte de los agentes antidisturbios que hace meses que están instalados en la comarca".

Por ello realizó una batería de preguntas al Gobierno en la que pedía conocer si el Ministerio del Interior tenía conocimiento de estos hechos y si había contrastado la información con los Mossos d'Esquadra, la Policia Local o el Ayuntamiento de Calella. Interior responde afirmativamente y precisa que "los Mossos d'Esquadra, una vez realizadas las gestiones oportunas para la averiguación de los hechos, constataron que no se había producido ningún acto delictivo, finalizando la intervención como 'intervención sin incidente'".

El ministerio defiende el desplegue

En sus preguntas, Tardá incluye una serie de cuestiones que afectan ya al despliegue en la zona de esos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). "¿Qué misión tienen?, ¿en qué consiste su trabajo?, ¿cuántos están desplegados? ¿cuál es el coste diario?, ¿cuánto cuesta el hotel? ¿ha sido útil su presencia?", son algunas de las preguntas formuladas ante las que el Ejecutivo se limita a contestar que los antidisturbios son "órganos móviles de seguridad pública con la misión de actuar en todo el territorio nacional".

Interior defiende que "sus efectivos pueden ser desplazados a aquellos lugares en los que sea prioritario reforzar las labores de prevención y protección"

En ese sentido, Interior defiende que "sus efectivos pueden ser desplazados a aquellos lugares en los que sea prioritario reforzar las labores de prevención y protección" con independencia de que "exista o no en la demarcación policial correspondiente una Unidad de Intervención Policial allí desplegada de forma permanente".

Por último señala que en Cataluña "se encuentran comisionados dos Grupos Operativos (unos cien agentes) de las Unidades de Intervención Policial que ejercen funciones de refuerzo en los controles transfronterizos en la lucha contra la delincuencia itinerante, así como de apoyo a la seguridad en edificios oficiales de la ciudad de Barcelona". Los Mossos d'Esquadra tienen la competencia en materia de orden público en Cataluña.