El luminoso espacio Ecooo de Madrid ha sido escenario este jueves de una conferencia sobre la política penitenciaria que se aplica a día de hoy a los presos de ETA. El Foro Social Permanente, organizador de este evento, ha llevado hasta la capital un informe en el que se detalla la situación que se registra en las cárceles, donde aún persiste una realidad: 142 de los 227 reclusos del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) continúa en las cárceles más alejadas de Euskadi. 

En una radiografía dada a conocer al inicio de la jornada por Aitzol Asla, miembro del Decanato del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, se destaca que 11 presos se encuentran en las tres cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) o Navarra, tres de ellos en prisión atenuada. Otros 25 están en prisiones situadas a un máximo de 250 kilómetros y 16 en centros ubicados a 385 kilómetros de País Vasco.

"Los otros 142 todavía se encuentran en las cárceles más alejadas de sus lugares de arraigo social y familiar, la mayoría en Andalucía, Levante y Galicia. Otras 34 se encuentran en cárceles del Estado francés",  ha destacado Asla. Del mismo modo, ha dado a conocer que "el 75% del EPPK se encuentra realizando ya el camino de la legalidad penitenciaria". "Quienes no lo están haciendo es por razones diversas, como la cercanía del final de la condena. Podríamos decir que casi todo el colectivo está ya en esa vía", ha subrayado.

Respecto a los grados, el informe destaca que 144 presos de ETA encuentran en primer grado. De ellos, 21 están en módulos de aislamiento en las cárceles de Huelva, Córdoba, Sevilla II y Soto del Real. Otros 46 se encuentran en primer grado con medidas de flexibilización, 42 en segundo grado –de los cuales dos están en prisión atenuada– y siete en tercer grado. 

Asimismo, el documento elaborado por el "Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas condenados por delitos de motivación política" que impulsa el Foro Social –una organización que trabajó a favor del final de ETA y que hoy impulsa iniciativas en torno a los asuntos aún abiertos– indica que desde enero de 2020 se han producido un total de 26 acercamientos. "El COVID congeló esa dinámica, que se ha vuelto a acelerar a partir del 19 de junio: de esos 26 acercamientos, 22 se han producido a partir de esa fecha", ha precisado Asla.

En ese contexto, el abogado ha subrayado otro dato: de esos 26 acercamientos, solo cinco han sido a cárceles de Euskadi o Navarra. Del mismo modo, apuntó que "a fecha de hoy hay once acercamientos anunciadas por Instituciones Penitenciarias a la espera de que se materialicen".

El informe destaca también que "existen 17 personas presas enfermas con diversas patologías". "Hay también tres personas encarceladas con más de 70 años, a las que deberíamos sumar en 2020 otras tres que cumplen esa edad. Además, 89 menores se ven obligados a viajar cientos de kilómetros para ver a sus madres y padres", añadió Asla.

"Neuronas obturadas"

Al inicio de este evento, organizado por el Foro Social con la colaboración del Foro de Abogados de Izquierda, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé De Las Casas de la Universidad Carlos III, participó vía online José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Durante su intervención, señaló que la política de dispersión "no tiene ninguna justificación, mucho más ahora que no hay atentados y la banda terrorista se ha disuelto".

Pallín remarcó que los presos vascos "tienen derecho porque así lo marca la ley a estar en prisiones cercanas", al tiempo que puso de relieve "una razón elemental que la entiende cualquier persona que no tenga obturadas sus neuronas por un sesgo ideológico": según subrayó, el contacto con el entorno familiar "ayuda mucho a la normalización tener contacto con el entorno familiar, y eso se facilita acercando al interno". Esto no se ha hecho con los acusados por terrorismo", remarcó. 

El magistrado emérito también criticó a aquellos partidos que "tratan de instrumentalizar a las víctimas". Se refirió además al proceso judicial seguido contra los políticos independentistas catalanes, y lo hizo para denunciar el papel de "hooligans" de los fiscales que actuaron en el juicio del Procés y que "se oponen a cualquier medida que pueda ir en beneficio de estas personas condenadas por actividades políticas".