El desalojo del centro social okupado la Ingobernable el pasado 13 de noviembre no se ajustó a derecho porque se basaba en una resolución municipal de 2017, cuando el Ayuntamiento de Madrid no tenía derechos posesorios sobre el inmueble, ya que éste estaba cedido a un tercero, la Fundación Ambasz, según el TSJM.

La sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los ocupantes del edificio, estimando su recurso, en el que consideraban que el Consistorio no tenía legitimidad para iniciar el proceso de desalojo ni para ejecutarlo.

En concreto, los ocupantes negaban la legitimidad del expediente administrativo abierto por la exalcaldesa Manuela Carmena en noviembre de 2017, en el que se basó el posterior proceso que culminó con el desalojo ordenado por el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Según la sentencia favorable a la Ingobernable, adoptada por el TSJM el pasado 5 de junio, debido a la concesión demanial que pesaba sobre el edificio, ocupado el 6 de mayo de 2017, el Ayuntamiento no podía "ejercer potestad alguna en orden a la recuperación de una posesión de facto que ha cedido a un tercero sin previo rescate o revocación unilateral de la concesión o autorización". Por ello, el TSJM anula la resolución de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid de fecha 8 de noviembre de 2017.

Sin embargo, pese a que el proceso estaba recurrido, en octubre de 2019 un tribunal contencioso administrativo permitió al Gobierno municipal recuperar el inmueble.

En este punto, el TSJM da la razón al Ayuntamiento de Madrid en su potestad para ejecutar la sentencia parcial que le permitía llevar a cabo el desalojo, asegurando que su ejecución no producía un daño irreparable ya que los ocupantes podrían volver al inmueble o ser compensados por el perjuicio.

La abogada del colectivo, Naomi Abad, celebra en un vídeo difundido a los medios que el TSJM les haya dado la razón sobre que el Ayuntamiento "no tenía legitimidad para iniciar el procedimiento y ejecutar el desalojo", pero afea que le permitieran ejecutarlo pese a que había un recurso interpuesto, pues para la Ingobernable el daño causado no es reparable.

Según el colectivo, "si los tiempos judiciales hubieran sido otros seguramente la Ingobernable seguiría estando donde estaba" porque el TSJM les hubiera dado la razón antes "diciendo que no tenían legitimidad para desalojar".

Ahora estudian "todas las vías legales que caben para que la ciudad de Madrid tenga un centro social como la Ingobernable y para reparar a todos los ciudadanos por el tiempo que no han podido disfrutar de sus actividades y talleres desde que fue desalojado" el centro.

Desde el Consistorio madrileño fuentes municipales han indicado a Efe que lo que se anulan son las resoluciones de la etapa Carmena para recuperar de oficio el inmueble, pero que el TSJM avala "la actuación del Ayuntamiento cuando recuperó el edificio" pues se basaron en una "decisión judicial". La decisión que da la razón a la Ingobernable "no pone en duda ninguna actuación del equipo de Gobierno" actual, agregan, aunque la asesoría jurídica municipal estudia ahora si recurren en casación.

Desalojo ilegal

La Ingobernable ha lanzado a mediodía de este jueves una campaña en redes sociales denunciando que el desalojo es ilegal.

Dos portavoces del colectivo destacan en un vídeo que ante la crisis económica provocada por el coronavirus los centros sociales serán espacios "vitales" y avisan de que "probablemente a la vuelta del verano se venga caña".

Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid sí es titular del inmueble, después de que la exalcaldesa Manuela Carmena terminase con la cesión a Ambasz que heredó de la conservadora Ana Botella, indemnizando a esta fundación con 1,4 millones de euros.

El equipo de Almeida pretende establecer en el inmueble un museo judío, a cargo de la Fundación Hispanojudía, que tiene como vicepresidente al exalcalde de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Mientras, Más Madrid y el PSOE reclaman que albergue un centro de salud.