Las diferentes causas abiertas en torno al procés afectan a unas 3.000 personas y quedan al margen de los indultos aprobados este martes por el Consejo de Ministros. Desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental son los delitos que pesan sobre la mayoría de investigados. Repasamos las cuestiones que siguen investigando los juzgados:

Desvío de fondos

La Guardia Civil detuvo a 21 personas en la operación Volhov desarrollada en octubre de 2020 bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Se investigaba el desvío de fondos de personalidades ligadas al independentismo catalán y cercanas al expresidente Carles Puigdemont, así como irregularidades en la recalificación de terrenos.

Entre ellos estaba el exconseller de ERC Xavier Vendrell; el exdirigente de CDC y presidente de Aguas de Catalunya, David Madí, y el presidente de la Plataforma proselecciones deportivas catalanas, Xavier Vinyals. El juez situaba a Vendrell en la dirección de Tsunami Democràtic como plataforma que supuestamente promovió desórdenes públicos después de la condena de la cúpula del proceso soberanista en octubre del 2019.

El juzgado 13, el inicio de todo

El juzgado de instrucción 13 de Barcelona fue el primero en investigar los preparativos del referéndum del 1-O, de ahí salió el conocido documento Enfocats –supuesta hoja de ruta hacia la independencia–.

Hay 43 investigados en este juzgado, según el sumario al que accedió Europa Press a mediados de marzo. Además, en la investigación sobre la organización del 1-O y las estructuras de estado para una futurible República de Catalunya aparecen los nombres de varios altos cargos del Govern, casi una decena de empresarios y trabajadores de empresas que participaron en las labores previas al 1-O, e incluso la interventora de la Generalitat.

La imputación de Jové

El TSJC también investiga al diputado de ERC y exsecretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep María Jové, mano derecha de Junqueras –que incluso se ve asistido por el mismo letrado, Andreu Van den Eynde–.

Se le acusa de los presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave. La causa proviene del juzgado de instrucción 13, pero acabó en el TSJC por la condición de aforado de Jové. Cómo él, han sido investigados el exlíder de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y actual conseller de Interior, Miquel Buch, y la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independencia (AMI), Neus Lloveras, ambos por impulsar el 1-O entre los alcaldes.

La escolta de Puigdemont

La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido condenar al exconseller de Interior Miquel Buch a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por supuestamente facilitar servicio de escolta al expresidente del Govern Carles Puigdemont en Bélgica. El escrito de acusación atribuye a Buch los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y también acusa al sargento de Mossos d'Esquadra Lluís Escolà como cooperador necesario.

Investigados por la protestas

Cientos de manifestantes y activistas por la independencia se encuentran encausados por participar en diferentes protestas. A la mayoría se les han imputado delitos de desórdenes públicos, daños contra la seguridad viaria y atentado contra la autoridad, además de sedición, rebelión y terrorismo.

Las protestas de la sentencia, ocurridas entre los días 14 y 18 de octubre de 2019, y que dieron lugar a los altercados de Urquinaona, fueron las que más consecuencias tuvieron. Según la entidad Alterta Solidaria, alrededor de 600 personas fueron represaliadas, de las cuales, 241 fueron detenidas y 30 encarceladas.

Además de los casos ya citados, hay decenas de causas abiertas en distintos juzgados de Catalunya por las actuaciones policiales el 1-O y otros aspectos del procés.