"El Gobierno tiene previstos todos los escenarios y preparadas todas las medidas". Ese es el argumento que tanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy como su partido, el PP, han utilizado en las últimas semanas para advertir a la Generalitat de que pueden hacer frente a su desafío independentista, llegue hasta donde llegue.  Sin embargo, ahora que el artículo 155 de la Constitución ya está activado, siguen las dudas sobre cómo aplicarlo.

Entre las opciones posibles, el Gobierno central baraja incluso la de llegar a aplicar sus medidas paso a paso, a plazos, y no todas a la vez. Es decir, en lugar de sustituir al Govern de Carles Puigdemont al completo, podría hacerlo por departamentos: primero Interior para hacerse cargo de los Mossos d'Esquadra; luego, Educación para terminar con lo que los conservadores consideran el "adoctrinamiento" de los alumnos; y así sucesivamente. 

Esta medida parece en principio inasumible, dado que para aplicarla habría que convocar al Senado cada vez que Moncloa decidiera asumir cada una de las competencias. No obstante, es una de las múltiples posibilidades que, a día de hoy, están sobre la mesa. 

El abanico de opciones es muy amplio, dado que el artículo 155, copiado de la Constitución alemana con el fin de poder obligar a una autonomía a cumplir la ley cuando ésta altera el interés general del país, no se ha aplicado nunca. Sólo Felipe González amenazó con aplicarlo en Canarias sin que llegase nunca a concretarse. Por ello, la incertidumbre plantea múltiples posibilidades, por extrañas que parezcan. 

"Lo que ahora parece imposible puede que mañana no lo sea, del mismo modo que lo que hace una semana era improbable, hoy ya no lo es", escenifica un alto cargo del PP. En Génova, pese a todo, siguen esperando que Puigdemont dé un paso atrás y decida convocar él mismo elecciones anticipadas en Catalunya antes del jueves, día en que se agota el plazo del requerimiento que Rajoy envió a la Generalitat para que aclare si declaró o no la independencia de forma unilateral y, en caso afirmativo, la revoque. 

Por si eso no ocurre, el Gobierno está "preparado" para seguir adelante con la "aplicación de la Constitución", afirman en el sector conservador. De ser así, Rajoy podría nombrar un Gobierno de concentración en Catalunya, o bien, uno conformado por tecnócratas que se harían con las riendas de la Comunidad hasta que se fijaran los comicios, tal y como adelantó El Mundo. También el diario El País apuntó la posibilidad de que se designe un solo delegado territorial que ejercería de Puigdemont y que priorizaría el control de los Mossos y de la Economía. Hay quien apunta incluso a la intención del Ejecutivo central de quedarse también con el control de los medios de comunicación públicos catalanes, como TV3.

Siguen las dudas sobre si el control de la Comunidad -que no la suspensión de Autonomía, ya que el Parlament es una Cámara designada por los ciudadanos catalanes y no podrían okuparla desde Madrid- se haría directamente desde la capital o con un equipo de designados -podrían ser altos funcionarios del Estado expertos de cada Ministerio- desplazados a Catalunya.

Incluso los juristas dudan sobre si el 155 se podría aplicar -como pide Ciudadanos desde un principio- para convocar las elecciones anticipadas. Además, a ello se une la previsible contestación de las calles en caso de que el Ejecutivo central se "exceda" en sus medidas contra la Generalitat. 

Cabe la posibilidad, además, de que no sólo el Gobierno tome medidas. Según fuentes de Moncloa y Génova, el propio Tribunal Constitucional podría actuar y tomar medidas para inhabilitar a Puigdemont: en caso de que el Alto Tribunal considere que sí se ha proclamado una declaración unilateral de independencia, éste podría asumir que el Govern catalán ha seguido adelante con uno de los artículos de la Ley de referéndum ya suspendida. Por lo tanto, aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy no lo solicitara formalmente a través de la Abogacía del Estado, el propio TC podría llevar a cabo una ejecución de sentencia y llegar incluso a inhabilitar al presidente de la Generalitat. 

Lo único que en estos momentos está descartado es la activación de una moción de censura en el Parlament de Catalunya. Esta opción, que pidió Ciudadanos antes del 1 de octubre -fecha de la celebración del referéndum-, fue desactivada tanto por el PP como por el PSOE por la imposibilidad de que saliera adelante. Ahora, la parte independentista de la Cámara regional podría quedarse en minoría si la CUP cumple su amenaza de irse del Parlament si Puigdemont no afirma que sí declaró la independencia. No obstante, ello no supone que conservadores, socialistas y naranjas conformen una mayoría suficiente como para lograr echar a los dirigentes de la Generalitat por esa vía.  

Así las cosas, sólo queda esperar hasta el jueves para comprobar qué hace Puigdemont y, en caso de que su respuesta sea similar a la de este lunes, las medidas que aplicará Rajoy y cómo lo hará. De momento, todas las opciones siguen abiertas.