MADRID.- El juzgado de instrucción número 2 de Padrón, que investiga un caso de supuesta malversación, estafa y apropiación indebida en la Fundación Camilo José Cela ha imputado a Marina Castaño, viuda del Premio Nobel Camilo José Cela, que deberá declarar como imputada por los delitos de malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y apropiación indebida.

Un día después está citado también el exconsejero de Manuel Fraga Dositeo Rodríguez, actual miembro del Consello de Contas en el área de Conta Xeral, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en un caso relacionado con el despido del que fue director gerente de esta entidad, y lo cita para declarar el próximo 22 de julio.

Estas citaciones están recogidas en un auto dictado por la juez en días pasados, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, y en el cual se requiere a la que fue nombrada presidenta honorífica de la entidad que acuda presencialmente, debido al volumen de la información recogida en el sumario.

Además de estas dos, también fue llamada a declarar la hija de Dositeo Rodríguez, Covadonga Rodríguez, en su condición de subdirectora de la fundación y que figura en el intercambio de correos electrónicos vinculados al cese de la relación laboral del que era director gerente de la fundación.

La jueza también ha imputado a José Luis Delso.M., secretario de la fundación, y, de esta manera, son un total de cinco personas las llamadas a declarar entre el 21 y el 22 de julio por supuestos delitos de malversación de fondos públicos. Además, a Marina Castaño y Tomás Cavanna se les imputa fraude en subvenciones y apropiación indebida.

Explicación de Dositeo Rodríguez

El que fue conselleiro de Presidencia con Fraga y candidato del PP a la Alcaldía de Santiago ha emitido un comunicado en el que ha dado a conocer la llamada a declarar como imputado en su condición de antiguo patrono de la Fundación Camilo José Cela.

Rodríguez dice que se le imputa penalmente por considerar que el despido de Tomás Cavanna fue "simulado y pagado con fondos públicos, sin consentimiento de las administraciones que financiaban la entidad".

El exconselleiro de Manuel Fraga Dositeo Rodríguez. EFE

En esta situación, explica que el cese de Cavanna "fue válidamente aprobado por el patronato de la fundación", con el "beneplácito" de la Xunta, y conforme al plan de viabilidad financiado con fondos públicos con cargo a la addenda del convenio entre la Xunta y la fundación, a través de las justificaciones establecidas en el propio documento.

A este respecto, el expatrono apunta que en el año 2010 la fundación se encontraba en una situación "insostenible y con riesgo evidente de desaparición", por lo que se iniciaron negociaciones con la Xunta. El plan se articuló en enero con un horizonte 2009-2012 y suponía pasar de un presupuesto anual de en torno a los 550.000 euros en el año 2009 a 250.000 en 2012, "a través de la reducción drástica de personal" fundamentalmente.

Según el expatrono, la ejecución completa del plan de viabilidad se valoraba en 250.000 euros, en los que estaba incluido el posible coste de indemnización del director-gerente. Además, se entablaron conversaciones con instituciones financieras, que no fructificaron.

En el mes de julio de 2010, la Xunta formaliza una addenda con la fundación, por el que se incrementa el importe del convenio en 230.000 euros, lo que cubría el plan de viabilidad, y en el que se incluye "la indemnización por despido" de Tomás Cavanna.

Sin embargo, la juez sospecha que hubo una simulación de despido del director gerente sobre la base de unos correos electrónicos en los que estarían tanto Dositeo como su hija. Frente a ellos, Dositeo Rodríguez asegura que Cavanna "nunca expresó su deseo de cese voluntario, sino todo lo contrario, siempre exigió que se formalizara conforme a los estatutos de la fundación y sujeto a la indemnización que le correspondiera".

También la Xunta de Galicia ha emitido un comunicado de prensa en la misma línea de Dositeo Rodríguez. En él, asegura que el cese del gerente era "un requisito imprescindible para garantizar la viabilidad de la fundación --tenía un coste de 102.000 euros anuales-- y apunta que la indemnización (de 150.000 euros) "se realizó bajo los mismos parámetros de cálculo que el usado con el resto de empleados".

La decisión, recuerda la Xunta, fue adoptada por los miembros del patronato por "unanimidad" y apunta que, entre los asistentes, "figuraban" el conselleiro de Cultura Roberto Varela, el exsecretario de Presidencia Valeriano García (hoy conselleiro de Facenda), el exrector de la USC Senén Barro, la hija del poeta García Nieto y Dositeo Rodríguez.

Según Rodríguez, se le ofrecieron 32 días por año trabajado, "igual cómputo de días" que se ofreció a los trabajadores despedidos en 2009 por "causas objetivas".

Marina Castaño junto a su marido Camilo José Cela, fallecido en 2002. EFE

El actual conselleiro en el Consello de Contas, que avanza que estos mismos hechos serán trasladados al juzgado para su conocimiento en "defensa" de sus "intereses y honor", ha apuntado también que "es obvio y de puro sentido común que, si el cese fuese voluntario, no habría sido necesario articular un plan de viabilidad de tal envergadura".

Denuncia del fiscal

A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, había denunciadoa Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La denuncia detectaba también "base" para investigar la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros, como fraude fiscal, por el desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos privados.

La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.

En la querella consta que la sociedad Lengua y Literatura AIE (Agrupación de Interés Económico), constituida con un 80% de capital de la Fundación y un 20% aportado por Castaño a través de otra sociedad que dirige desde su propia vivienda, denominada Letra y Tinta, pudo haber gestionado las subvenciones fundación y abonado las facturas de la misma, de manera que habría obtenido "grandes cantidades de dinero en concepto de devolución de IVA".

En la denuncia también se indicaba que varios empleados que figuraban como trabajadores de la fundación, que pagaba sus salarios, "en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela", uno de ellos incluso en el propio domicilio madrileño de Castaño.

Denuncia desde 2012

La Fiscalía sostenía en su denuncia que, a raíz de sus investigaciones, Lengua y Literatura AIE "pudiera encubrir devoluciones de IVA" y tener la finalidad de cargar los gastos de la fundación, de forma que actuaría como una sociedad interpuesta. Así, consideró que "al menos, en inicio, quedan acreditados parte de los hechos denunciados", por lo que propuso judicializar las diligencias y ya en 2012 planteaba que se tomase declaración "en calidad de imputados" tanto a Marina Castaño como a Tomás Cavanna.

La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, en los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. Entonces, la Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato.