"En este momento no hay acuerdo". Así ha sentenciado Pablo Iglesias en los pasillos del Congreso el momento por el que pasan las negociaciones sobre los Presupuestos, enfrentando el optimismo que está mostrando el Gobierno. Para Unidos Podemos, los avances se han encallado en cuestiones que consideran prioritarias: salario mínimo, dependencia y alquiler. 

Iglesias también ha confirmado que ha hablado por teléfono con el presidente del Gobierno y que, posiblemente, se reúnan "para intentar cerrar un acuerdo", como avanzó Público este lunes. Aún así, insiste en la importancia de que sea el Ejecutivo el que se mueva: "Lo que estamos proponiendo en materia de alquileres, salarios o dependencia es sensato y razonable, pero el Gobierno tiene que ceder si quiere un acuerdo de presupuestos con nosotros", ha afirmado el líder de Podemos. 

Así lo recogen en el último documento que han mandado al Gobierno y al que ha tenido acceso Público. En el documento, enviado ya al Gobierno, recriminan que les propongan acordar "textos sin intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados, sin abordar algunos grandes temas o sin ser lo suficientemente ambiciosos en las partidas destinadas a las políticas públicas". 

También critican en este documento que el Gobierno sólo destine 400 millones de euros a la dependencia, una medida que "sólo sacaría del 'limbo' a 37.500 personas de las 300.000 que tienen la ayuda concedida y no la reciben", o que planteen "cantidades que después se fragmentan en dos o tres ejercicios presupuestarios, como es el caso de las becas universitarias, que quedarían únicamente en 150 millones, respecto a los 700 de nuestra propuesta inicial". 

Sobre las tres materias que son prioritarias para que Unidos Podemos vote a favor en los Presupuestos, concretan que el Gobierno debe ceder a poner tope a "las subidas abusivas" en el precio del alquiler, obligar a los grandes propietarios a sacar sus pisos al mercado a un precio accesible, acabar con los privilegios fiscales de las Socimis, ampliar el parque público de vivienda para el alquiler social y aumentar la duración mínima de los contratos de alquiler. Medidas que estiman que tendrían un impacto presupuestario hasta de 1.000 millones, derivados únicamente de la propuesta de ampliar el parque público de vivienda para el alquiler social. 

Respecto a los salarios, insisten en subir el mínimo interprofesional a los 1.000 euros. Una medida con la que sostienen que conseguirían un aumento de ingresos estimados de unos 2.500 millones de euros. Y, respecto a las medidas en dependencia, reclaman que se pague "inmediatamente" las ayudas ya reconocidas para lo que se necesitaría un aumento de 2.500 millones, frente al aumento que había propuesto el Gobierno de 400 millones.