MADRID.- El Gobierno deberá pronunciarse por escrito sobre la denuncia presentada contra Facu Díaz, director del programa La Tuerka News, que se emite por Público TV, por la Asociación Dignidad y Justicia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de “humillación a las víctimas del terrorismo”. El titular del juzgado número 3 de esta instancia judicial, Javier Gómez Bermúdez, ha admitido a trámite la denuncia y ha citado a declarar al periodista como imputado el jueves día 15.

La diputada de ICV, Laia Ortiz Castellví, integrada en el grupo parlamentario de La Izquierda Plural, ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno sobre esta denuncia con el fin de que el Ejecutivo se pronuncie por escrito.

“¿Considera el Gobierno que las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de querellas de este tipo pueden acabar constituyendo un ataque a la libertad de expresión?”,

La parlamentaria de esta formación de izquierdas quiere saber si esta cuestión supone un atentado contra la libertad de expresión.
“¿Considera el Gobierno que las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de querellas de este tipo pueden acabar constituyendo un ataque a la libertad de expresión?”, pregunta en uno de los apartados de su iniciativa parlamentaria la diputada. Laia Ortiz quiere saber en concreto qué opinión tiene el Gobierno sobre la presentación de una querella en esos términos.

La Asociación Dignidad y Justicia, una entidad que engloba a víctimas del de atentados de la organización terrorista ETA y de marcada ideología conservadora, presentó la querella ante la Audiencia Nacional por el contenido de una parodia sobre el PP emitida en el programa de televisión La Tuerka News, un espacio de crítica socio-política en clave de humor . El propio Facu Díaz ha declarado en reiteradas ocasiones que los contenidos de esa emisión no pretendían atentar contra la dignidad de ninguna persona.

"En ningún momento [en el video] se hace referencia , explícita o implícita, a las víctimas del terrorismo o a sus familiares”.

La propia diputada de ICV afirma en la exposición de su pregunta que “simplemente visionando el vídeo en cuestión se hace realmente difícil sostener tales afirmaciones (atentar contra la dignidad y suponer una humillación de las víctimas de ETA) pues en ningún momento se hace referencia, explícita o implícita, a las víctimas del terrorismo o a sus familiares”.

En consecuencia, Ortiz pregunta en concreto en otro apartado: “¿Comparte el Gobierno que es necesario realizar una modificación en la legislación para evitar este tipo de casos y así disponer de un marco regulatorio que efectivamente garantice el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los profesionales de los medios de comunicación y el entretenimiento?”

Finalmente, la parlamentaria del grupo de La Izquierda Plural también inquiere al Ejecutivo sobre otro aspecto que ha desatado una fuerte polémica en las últimas semanas como son los contenidos del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que se tramita en sede parlamentaria. “¿Considera el Gobierno que cambios regulatorios como los que introduce la Ley de protección de la seguridad ciudadana contribuyen a recortar la libertad de expresión de la ciudadanía?”, plantea Laia Ortiz.

Apoyo en las redes sociales

La querella contra Facu Díaz y su admisión a trámite por parte del juez Gómez Bermúdez han desatado una amplia reacción, especialmente en las redes sociales a través de las cuales se han canalizado multitud de muestras de solidaridad hacia el director del programa La Tuerka News. Desde los más diversos medios de comunicación también se ha puesto de manifiesto el riesgo que supone para el derecho a la libertad de expresión esa actuación judicial.

Este hecho se produce, además, en el contexto de la solidaridad internacional puesta de manifiesto en los últimos días tras el atentado terrorista en Paris contra la redacción de la publicación satírica Charlie Hebdo en la que fueron asesinadas 12 personas, la mayoría trabajadores de la revista. La actuación de los terroristas yihadistas, tres días después, se saldó con la muerte de otras cinco personas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se trasladó el pasado domingo a la capital francesa para participar en la multitudinaria manifestación de repulsa, hizo un canto a la libertad de expresión en unas declaraciones realizadas en la embajada española en Paris. Sin embargo, la actuación de su Gobierno en esta materia deja mucho que desear como denuncia la oposición con los contenidos del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana. Ahora el Ejecutivo tiene la oportunidad de pronunciarse sin ambajes.