Un hospital público se negó a practicar el aborto a una mujer pese a que conllevaba un riesgo para su vida

En un primer momento su embarazo no aparentaba tener ningún tipo de complicación. Marta Vigara, médica de Hospital Clínico San Carlos de Madrid, decidió llevar su gestación en el mismo lugar donde trabaja ya que le aportaba más seguridad "estar en casa". Pero a los cuatro meses de embarazo, una rotura de bolsa complicó la situación.

Sin líquido amniótico las probabilidades de supervivencia del feto eran muy bajas, por lo que los médicos del hospital le recomendaron interrumpir la gestación. Pero a pesar de esta sugerencia, ninguno de los ginecólogos le practicaría el aborto. Todos ellos eran objetores de conciencia y se negaban a realizarlo.

Ante la negativa de los profesionales públicos de practicarle el aborto, Marta acudió a un centro privado

Así que, con un feto con muy bajas probabilidades de supervivencia —y si lo consiguiese, con alto riesgo de que padeciera un nulo desarrollo de extremidades o incluso hipoplasia pulmonar—, Marta acudió a la Oficina de interrupción voluntaria del embarazo.

En una entrevista a la Cadena Ser, Marta Vigara denuncia con su testimonio lo que asegura que va en contra del código deontológico de su profesión: que exista una objeción de conciencia colectiva. Según ha podido saber el mismo medio, todos los médicos del departamento de Ginecología se declararon en 2009 objetores de conciencia. Desde entonces, derivan a las mujeres a clínicas privadas.

La situación del embarazo ponía en riesgo la vida de la mujer

El documento que recibió Marta para poderse practicar el aborto en otro lugar, llevaba la firma de dos ginecólogos, en la que aseguraron que existía un riesgo extremo para la vida del feto. Pero en ningún momento hablaron del riesgo para la vida de ella misma.

Según Igualdad, ocho de cada diez abortos  en España se realizan en clínicas privadas

Pese a este riesgo, los ginecólogos no contemplaron la posibilidad de realizar la interrupción del embarazo por razones médicas. Lo calificaron como aborto voluntario, a pesar del mal pronóstico para el bebé y para su madre.

Marta consiguió por contactos de su profesión que le interrumpieran el embarazo esa misma tarde. Otras mujeres, como cuenta la médica, tienen que estar esperando muchos más días. Ella llegó a la clínica sangrando, por un desprendimiento de placenta.

Igualdad urge a  blindar el derecho al aborto por ley

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaccionado a esta historia y ha considerado urgente reformar la ley del aborto, subrayando que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos debe estar blindado por ley.

En un mensaje en la red social Twitter, Montero ha lamentado que ocho de cada diez abortos se realicen en clínicas privadas y ha denunciado que hay comunidades autónomas en las que ni siquiera se practican interrupciones voluntarias del embarazo.

No es un caso aislado. 8 de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay CCAA donde ni siquiera se realizan. Por todo ello es urgente reformar la ley del aborto. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos debe estar blindado por ley. https://t.co/uaHnPpAf4K

— Irene Montero (@IreneMontero) September 22, 2021

El Ministerio de Igualdad anunció su intención de reformar la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva para, entre otras cosas, eliminar la necesidad del consentimiento paterno en el caso de las menores de 16 y 17 años.

La reforma que prepara Igualdad quiere garantizar, asimismo, que cualquier mujer pueda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un hospital público, cercano a su domicilio y elegir el método para llevar a cabo el aborto.