El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha ampliado el auto de procesamiento por un posible delito de odio, amenazas y un delito de desorden público en el ataque a la mezquita de la M-30 en marzo de 2016 a otros 11 miembros del colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid (HSM), ya que en un principio solo estaba procesada su lideresa, Melissa Domínguez.

De esta forma, la jueza Esperanza Collazos amplía el procesamiento, en un auto fechado el 29 de octubre al que ha tenido acceso Europa Press, a todas estas personas tras aceptar en parte el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular ejercida por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Y es que en un auto de mayo de este año se acordó el sobreseimiento provisional respecto a once personas acusadas de desórdenes públicos por participar en el lanzamiento de bengalas al templo.

Ahora, la magistrada envía esta nueva resolución al Ministerio Fiscal a fin de ampliar su escrito de acusación a fin de que en el plazo común de 10 días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa, "sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación".

Acusación particular

Los hechos se investigan a raíz de una denuncia de la Red Española de Inmigración como acusación particular. Esta asociación inició este caso con una ronda de denuncias ante la Fiscalía Madrileña que, posteriormente, confluyeron en un caso ante el Juzgado número 9 de Madrid.

El archivo de los otros investigados fue recurrido por los servicios jurídicos de la Red puesto que consideraban que era "del todo inasumible e imposible que se estimen como delictivos hechos que necesitan obligatoriamente que participen varias personas para su comisión".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Red, Rafael Escudero, ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid rechazó las peticiones reiteradas de la organización para participar de la causa o coordinarse con ellos, "lo cual choca con el discurso a favor de los Derechos Humanos y contra la extrema derecha que promueve la ciudad".

También critican que la Comunidad de Madrid no se persone como acusación particular en estos casos, como hacen en otros como los de violencia de género. "Nos da pavor que ninguna administración se persone ni se mojen de verdad contra la extrema derecha, aparte de hacer declaraciones públicas. Pongan ustedes medios y abogados", les ha pedido Escudero.