Hernando (PP) denuncia una campaña con "tintes claramente inconstitucionales" contra Cobos

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha denunciado que se ha puesto en marcha una campaña con "tintes claramente inconstitucionales" contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, por el hecho de que militara en el PP.

En una entrevista en la Cadena SER, Hernando ha recordado que un miembro del TC no puede desempeñar una función directiva en un partido político o trabajar para él, pero la ley sí permite que sea militante. "El hecho de estar afiliado a un partido político no es un estigma, porque lo dice así la Constitución, para ser miembro del Tribunal Constitucional", ha subrayado.

A la pregunta de si, independientemente de que sea legal, es ético lo que ha hecho Pérez de los Cobos -quien ha reconocido que militó en el PP hasta 2011 pese a que entonces ya formaba parte del tribunal-, el diputado ha contestado que el hecho de pertenecer a un partido, un sindicato, una religión o un club "no implica que pueda uno ser recusado por nadie".

"A todas las personas que han estado en el Tribunal Constitucional se les ha intentado agrupar en torno a una ideología, pero eso no ha provocado en absoluto la recusación de nadie", ha insistido. Tanto el PSOE como la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía han anunciado que se están planteando recusar al magistrado en los asuntos que tienen pendientes en el alto tribunal.

Ante esta situación, el portavoz 'popular' considera que se ha iniciado "una campaña que nada tiene que ver con la legalidad y que tiene tintes claramente inconstitucionales". Respecto a las críticas del PSOE a Pérez de los Cobos no solo por haber militado en el PP sino por ocultarlo, Hernando ha indicado que "nadie le preguntó".

Por otro lado, el diputado ha expresado su deseo de que, "por responsabilidad de todos", este miércoles se alcance un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Gobierno y comunidades autónomas debatirán y aprobarán el objetivo individualizado de déficit para el próximo ejercicio, un asunto que ha provocado un enfrentamiento entre las regiones que cumplieron con el compromiso adquirido el pasado año y las que no lo lograron.