La Guardia Civil ha vuelto a registrar este jueves la sede central de la empresa de mensajería Unipost y ha detenido a su director general, Pau Raventós, en el marco de la investigación sobre los preparativos del referéndum del 1-O. Por orden del Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, los agentes también han entrado en una oficina de la empresa y un domicilio, según han precisado fuentes de la Guardia Civil. 

Raventós fue conducido por la tarde a la comandancia de la Guardia Civil en Travessera de les Corts de Barcelona, donde posteriormente ha quedado en libertad.

En un registro anterior en septiembre, la Guardia Civil intervino más de 45.000 certificados de notificaciones listas para enviar con el objeto de constituir las mesas electorales de la consulta. En aquella ocasión, los agentes entraron en varias sedes de Unipost en Manresa, Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat. Entonces, el Ministerio del Interior consideró que se había intervenido el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales.

Los investigadores hallaron otra documentación relevante para la investigación sobre la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre. En concreto se descubrió un contrato por valor de siete millones de euros que llamó la atención de los agentes, por lo que lo incluyeron en las diligencias.

Las citadas fuentes han explicado que Pau Raventós está investigado por, entre otros, un delito de malversación. El presidente de la empresa, Antón Raventós, aparece en el sumario del Juzgado de instrucción número 13 por los seguimientos que llevó a cabo la Guardia Civil. El 15 de septiembre, cuatro días antes del registro en esta empresa, se reunió con los altos cargos vinculados al procés Francesc Sutrias y Xavier Vendrell.

A petición de la Guardia Civil, el titular de este Juzgado pidió el 7 de noviembre a la Generalitat de Catalunya que le informara del coste económico de la consulta. Concretamente, reclamaba información a la administración catalana de la publicidad sobre la consulta y su difusión en medios de comunicación y los costes en el material electoral.

El Juzgado 13 de Barcelona investiga desde hace meses los preparativos del 1-O y las estructuras de Estado que idearon los miembros del Govern de Carles Puigdemont para alcanzar la independencia. El pasado 5 de diciembre, ordenó a la Policía Nacional que se personara en la sede del Instituto de Estadística (Idescat) para recabar datos sobre el censo, después de que varios ciudadanos denunciaran el supuesto uso fraudulento de datos personales para su elaboración.

Con posterioridad al 1-O, Unipost, presentó el 11 de octubre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afectaba a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder rehacerse de la grave situación económica que atravesaba.