MADRID.- Más de cuatro horas ha durado la declaración del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán en el Tribunal Supremo, imputado por el fraude en las adjudicaciones de ayudas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía.

Griñán se ha descargado de toda culpa sobre cualquier irregularidad producida por los presuntos ERE fraudulentos. Y sus explicaciones han sido muy largas y técnicas al tiempo que pasaba la responsabilidad a sus consejeros y sus subordinados, según fuentes presentes en el interrogatorio.

A la salida del tribunal se ha mostrado "muy satisfecho" por haber declarado en sede judicial, "tres años después de haberlo hecho en una comisión de investigación. "Manifiesto mi rechazo a todas las acciones irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria", ha declarado, descargándose de responsabilidad ya que, según ha dicho, en ningún momento dependió de él la ejecución de los presupuestos o "la fiscalización de otras consejerías".

Preguntado sobre la existencia de un gran plan en la Junta de Andalucía para manejar el fraude, Griñán ha asegurado que no hubo "un gran plan, pero hubo un gran fraude y eso significa que alguno de los controles pudo fallar".

Antes de subirse al coche para marcharse, ha calificado de "calvario" la situación vivida, que ha descrito como "mala" tanto para él como para su familia. Ha reiterado, además, su confianza en la justicia y ha presumido de hacer frente a sus "responsabilidades políticas.

Una declaración larga y técnica

Tan larga, técnica y detallada ha sido su exposición y contestaciones a las preguntas, que el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, se ha visto obligado a parar en varias ocasiones la declaración para pedir explicaciones. La declaración, que ha sido grabada, será visionada ahora para lograr una transcripción fiel de su deposición.

Griñán ha basado su declaración en un eje central: la cuestión presupuestaria está separada de la cuestión del gasto. Como presidente de la Junta tenía responsabilidad sobre el presupuesto, pero no sobre cómo se gastaba ese dinero después. De este modo, señala -sin decirlo de forma explícita- a otras consejerías y subordinados, que sí tenían competencias sobre el gasto.

Acerca de los informes que pudo haber recibido, Griñán asegura que nunca recibió ningún informe de actuaciones -que indicaran un problema concreto y una solución- y que desconoce si existieron informes de la intervención, ya que no era a él a quién tenían que llegar.

Griñán ha admitido en su declaración que dimitió para no perjudicar a su partido y a la Junta de Andalucía por el caso, aunque en todo momento ha mantenido que tanto él como la Junta actuaron ajustándose a la legalidad.

Llegó a pie y tranquilo, declinando hacer declaraciones a su entrada en el tribunal

Griñán, aforado en el Supremo al ser senador, eludió toda responsabilidad en el caso y señalo a sus colaboradores, que nunca le hicieron llegar informe alguno que alertara de posibles irregularidades que se podrían estar sucediendo.

El expresidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán a su salida del Tribunal Supremo para declarar voluntariamente como imputado ante el magistrado que instruye el Caso ERE. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Grinán llegó a pie y tranquilo a la sede del Supremo pocos minutos después de las 9.30 horas de este jueves. Es el segundo de los cinco aforados imputados que declararán durante en el mes de abril en el  alto tribunal, después de que el pasado martes lo hiciera el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

Griñán fue interrogado por sus actuaciones respecto a la supuesta trama de los ERE fraudulentos como presidente de la Junta de Andalucía y como consejero de Economía.

El instructor ha citado para el próximo martes al también expresidente Manuel Chaves. El día 16 declarará el exconsejero Gaspar Zarrías y, por último, el 21 de abril, la senadora y exconsejera Mar Moreno. Todos ellos están citados a las 10.00.

El juez Barreiro cuenta ya de cara a la ronda de declaraciones de los aforados de los ERE con diversa documentación, en especial un extenso informe de la Intervención General del Estado que detalla las leyes infringidas y las irregularidades de contratación cometidas y que considera nulos de pleno derecho los instrumentos presupuestarios utilizados para agilizar la concesión de las ayudas socio-laborales de aquella época.

La declaración del exconsejero de Empleo

El primer aforado en declarar en el Supremo, Viera, declaró que, con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía, él pretendía "instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes".

En el curso de su declaración, Viera rechazó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía "porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas" o en la sistemática económico-contable empleada.

Al hilo, reconoció, eso sí, que "la perspectiva de antes no es la de ahora" y que no era una cuestión "de ocultar sino de arreglar el problema en cuanto surgía". Ahora reconoce que pudieron "hacerlo mejor".

En este sentido, indicó que su profesión es la de maestro y carece de "formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios", por lo que confiaba plenamente en sus subordinados.