Una de cal y otra de arena. En esta ocasión, el Gobierno ha tratado de restar radicalidad a la reforma de la ley del aborto socialista que quiere cerrar antes de las elecciones, asegurando que no existe tal supresión del derecho al aborto -como han admitido incluso dirigentes del PP como Esperanza Aguirre-, ya que ni en la llamada ley Aído existe "un derecho al aborto como tal". Así lo ha explicado hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando ha sido preguntado por la polémica reforma de la norma del PSOE que, además de prohibir la interrupción del embarazo en las menores de 16 años, quiere lanzar un mensaje a su sector más conservador dejando bien claro que el aborto no es un derecho.

Los bandazos del Gobierno con respecto a esta reforma, con la que trata de contentar a todo el espectro ideológico de su formación, desde el centro-derecha a la ultraderecha, se han confirmado hoy una vez más cuando Catalá aseguró que en la ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, la norma socialista de 201o "no regula el derecho al aborto (...) Hay un derecho a las decisiones de la mujer en materia de su conducta sexual y reproductiva".

La vicepresidenta ha evitado responder a una pregunta sobre su opinión personal con respecto al derecho al aborto

Con todo, ni Catalá ni la vicepresidenta han querido entrar en el debate sobre el voto discrepante que el Grupo Parlamentario Popular tiene asumido por parte de un grupo de diputados conservadores y del sector contrario completamente al aborto. El titular de Justicia, tras la aclaración sobre la norma socialista que lleva el nombre de la exministra de Igualdad de José Luis Rodríguez Zapatero, Bibiana Aído, ha remitido al "debate parlamentario".

Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada además qué opinaba ella sobre el derecho al aborto, ha obviado esta cuestión y ha respondido brevemente que el Gobierno "siempre" ha apostado por "trabajar con el máximo consenso" y ha derivado su respuesta por el lado técnico: existen dos bienes jurídicos a proteger, la embarazada y el no nacido, y la legislación debe buscar el equilibrio entre ambos. "Ésa es la posición política y jurídica que siempre hemos venido defendiendo", ha concluido.