El Gobierno 'vigila' la legalidad de la convocatoria del 27-S
3,5 puntos más que la media
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MADRID.- "Estamos vigilantes", ha asegurado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno en La Moncloa al referirse a la esperada firma de convocatoria de las elecciones catalanas del 27 de septiembre por parte de Artur Mas. El 'president' podría rubricar este decreto ordinario a última hora de la tarde de hoy lunes y la Generalitat ya ha asegurado por activa y por pasiva que no habrá posibilidad alguna de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo recurra. Es decir, que aunque el Govern considera los del 27-S unos comicios plebiscitarios sobre la independencia catalana, nada en el decreto de convocatoria apuntará a ese proceso.
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La portavoz del Gobierno ha comparecido inesperadamente en el Palacio de La Moncloa para informar sobre su reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2016, que el Ejecutivo presenta mañana en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las cuentas para el año próximo pasaron a un segundo plano ante la inminencia de la firma del decreto de convocatoria del 27-S, un año exacto después de que se celebrara la consulta que sustituyó al fallido referéndum independentista en Catalunya.
3,5 puntos más que la media
Sáenz de Santamaría, con todo, aprovechó el asunto de los PGE 2016 para recordar a la Generalitat que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que ha suplido la ausencia de un presidente volcado únicamente en su estrategia independentista y no en cubrir las necesidades de los catalanes y las deudas de la Administración autonómica.
También en esta ocasión, "por su modelo de financiación y porque ha sido la [comunidad] más necesitada", la vicepresidenta informó de que Catalunya recibirá una "parte muy importante" de los 7.455 millones destinados a la financiación autonómica, como ya desveló Montoro en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la semana pasada. Concretamente, Catalunya recibirá un 25% de esa cantidad, lo que eleva su financiación un 12,12% frente al 8,7% de la media de las comunidades.