El Gobierno veta los acuerdos de palabra de los camioneros e impone el contrato escrito para atajar la 'uberización'

"Es una herramienta importante que va a poner en valor el servicio del transporte evitando que se trabaje por debajo de coste", considera Carmelo González, presidente del CNTM (Comité Nacional del Transporte de Mercancías), sobre las medidas aprobadas este lunes por el Consejo de Ministros, y vigentes desde su publicación en el BOE el martes, que imponen la formalización por escrito de contratos o "cartas de porte" en los que debe figurar el precio para los servicios de transporte de mercancía de más de 150 euros.

La medida, que es una de las consecuencias de la negociación iniciada tras el paro de los transportistas de la pasada primavera, que provocó episodios de desabastecimiento de algunos productos en combinación con la tendencia al acaparamiento de parte de los consumidores, tiene como finalidad evitar que los transportistas hagan los viajes por un precio inferior a los costes que les supone, algo frecuente cuando agencias y mayoristas llegan en ocasiones a quedarse entre el 40% y el 60% de los portes.

El decreto atiende parcialmente dos de las principales reivindicaciones del sector la de tratar de evitar los precios por debajo de coste y la que reclamaba que los conductores no participen en las operaciones de carga y descarga de los vehículos, aunque en ambos casos con matices, mientras quedan fuera otras, difícilmente encajables en la normativa comunitaria y en la estatal, como el veto a la presencia de empresas con sede en otros países, que tendría como objetivo el creciente aparato logístico de Amazon, y el adelanto de la jubilación a los 60 años. 

El matiz de los precios consiste en que "no se regula la subcontratación" dentro de la cadena de transporte de mercancías, explica González, mientras que la "prohibición general de participación de los conductores en las operaciones de carga y descarga", que entra en vigor en septiembre, incluye excepciones como que "no afecte a su periodo de descanso diario o, en su caso, siempre que se lleve a cabo dentro de su jornada laboral diaria" del camionero y cuando "ello le permita regresar al centro operativo habitual de trabajo o a su lugar de residencia".

Herramientas para frenar la 'uberización' del transporte

La nueva normativa "incorpora principios inspirados en la Ley de la Cadena Alimentaria para proteger a los más vulnerables en la prestación del servicio de transporte!, explicó María José Rallo, secretaria general del Ministerio de Transportes, que destaca cómo la obligación de incluir el precio se extiende a los contratos de servicios continuados mientras que "la eliminación de los intermediarios que no añaden valor" queda aplazada a la elaboración en los próximos seis meses de un código de buenas prácticas y de un proyecto de ley que regule las cuestiones que quedan pendientes.

No obstante, el presidente del Comité Nacional del Transporte de Mercancías duda de que vaya a producirse a corto plazo la desaparición de ese tipo de intermediarios, cuya actividad es una de las causas principales de la uberización que sufre el sector, con entidades que se quedan el grueso del negocio cobrándolo como comisiones de mediación gracias a la situación de fuerza que les da operar en un ramo en el que, según recoge el decreto, "el 53 por ciento de las empresas con vehículos pesados tienen un solo vehículo".

"El mero comisionista va a ser difícil de eliminar, porque las agencias de transporte están recogidas en la LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), aunque otra cosa es que a partir de ahora se vaya a dificultar su actividad y ya no vayan a poder contratar a diez para subcontratar a tres" en materia de precios, señala.

En este sentido, el real decreto incluye sanciones que pueden llegar a los 4.000 euros si se produce "el pago al transportista efectivo de un precio inferior al total de costes efectivos individuales incurridos o asumidos por él (...) siempre que exista una asimetría entre las partes en el contrato de transporte", es decir, cuando esos precios se impongan desde una entidad empresarial a otra de menor tamaño.

La misma situación puede darse en caso de "la no formalización de la carta de porte o del contrato de transporte continuado por escrito, en los supuestos en los que fuera obligatorio", y también por "la no inclusión del precio en la carta de porte", infracciones de las que inicialmente se considerará responsable al contratista y al "transportista efectivo".

Los costes sumen de 10.000 a 20.000 euros en año y medio

Esa atomización, recoge el decreto, "agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios en que se producen fuertes incrementos de los costes" como está ocurriendo en los últimos meses con los combustibles, "una partida que supone del orden del 30 % de los costes de esta actividad, añadiéndose además la elevación de costes que también se está produciendo en otras partidas como neumáticos, lubricantes, etcétera".

El último informe del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías que elabora el Ministerio de Transportes recoge incrementos de los costes de entre el 7% y el 12% desde el inicio de la pandemia para la mayoría de los vehículos.

Esas estimaciones, que tenderán al alza una vez actualizadas ya que la serie termina en enero de este año y no incluye el periodo de mayor encarecimiento de los hidrocarburos, apuntan a subidas del coste anual de uso de los camiones del entorno de los 20.000 euros en los articulados y los frigoríficos, de alrededor de 15.000 en los volquetes y las cisternas y de 10.000 en los de menor tamaño, como los rígidos.

"La variación del precio del gasóleo es la principal causa de las fuertes variaciones de los costes", indica el informe del observatorio, cuyas tablas proponen el decreto como punto de referencia para aplicar el nuevo sistema de formalización de los precios del transporte.

"El transportista decide qué partidas repercute"

No obstante, la decisión final sobre el precio del viaje queda supeditada al acuerdo entre el transportista y el camionero, ya que, "con independencia del tipo de empresa de que se trate, es el transportista quien debe decidir qué partidas repercute" de ese listado y en qué cuantías, señala Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre.

"Aplicar tarifas mínimas va en contra de la normativa europea, pero eso no ocurre con el traslado de los costes en la contratación", anota Rallo, para quien "la medida estructural que incluye este decreto es la repercusión del coste y eliminar el trabajo por debajo de coste" en la carretera.

"Habrá que hacer muchos cálculos, porque cada uno tendrá que fijar su precio y hay muchos factores que influyen en el coste de un viaje: la potencia del camión, los kilómetros que se recorren, la ruta, el salario, que puede ser el de tu provincia de residencia o el de la de carga, las fechas, el tipo de vehículo, si esa carga es parcial o completa, cuántos destinos hay, etcétera", explica González, que se muestra "expectante con el acuerdo. Son medidas que pueden ir igualando el sector", en el que ahora mismo, anota, "hay más carga que camiones".

Por último, el decreto incluye un programa de ayudas directas para paliar el encarecimiento del combustible valorado en 450 millones de euros, que se repartirá en función del número de vehículo en activo de cada empresa o autónomo y que en esta ocasión incluye el transporte urbano con aportaciones de 950 euros por autobús. La medida incluye pagos de 1.250 euros por camión, 500 por ambulancia y furgoneta y 300 por taxi y VTC.