El Gobierno ha sugerido este martes al jefe del Estado, Felipe VI, que tome medidas para desmarcarse de su padre, Juan Carlos de Borbón, salpicado por las informaciones que apuntan a su supuesta corrupción, tras la publicación de nuevas revelaciones periodísticas sobre sus actividades, y un mes y medio después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumiera la investigación al rey emérito por el AVE a La Meca.

Con la sutileza y cautela que el Ejecutivo suele utilizar para referirse al rey, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que el Gobierno "celebra las medidas pasadas y futuras" que el jefe del Estado quiera adoptar para garantizar la "transparencia" y la "ejemplaridad" de la institución. "Agradecemos cualquier actividad e impulso", decía, que el monarca quiera asumir y que tenga que ver "con la transparencia", "con formato de rendición de cuentas", sobre la Casa Real. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada en varias ocasiones a este respecto por los medios de comunicación, Montero presumía de la claridad de su respuesta, sin aclarar si cree que es mejor que el emérito deje de residir en el complejo del Palacio de La Zarzuela, e incidiendo en que cualquier decisión está ahora en manos del rey.

"Cualquier avance que se pueda producir o no en esa materia le corresponde a la Casa Real. No es el Gobierno el que tiene que tomar decisiones en esa cuestión, sino que le corresponde a la Casa Real", apuntaba.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a las revelaciones sobre el emérito como "perturbadoras" e "inquietantes", si bien desvinculó a Juan Carlos I de su hijo, el actual jefe del Estado. Un día antes, Montero hizo lo propio, y el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apeló a la presunción de inocencia.

Y, aunque el Ejecutivo venda que su posición es clara, en días como hoy toca leer entre líneas. Con una mano, el Gobierno sugiere más esfuerzos por probar la "transparencia" y la "ejemplaridad"; con la otra, alaba la línea seguida por el actual jefe del Estado en esta materia, al presentarla como "ajustada y adecuada".

El Ejecutivo y La Zarzuela están estableciendo un cortafuegos alrededor del actual jefe del Estado, para evitar que se vea afectado por los escándalos del emérito. Esta actuación, sin embargo, evidencia la diferencia de posiciones entre PSOE y Unidas Podemos, que ha reclamado investigar al monarca emérito en una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados -con la posición en contra de PSOE, PP y Vox-.

El propio vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mantiene que no es posible desvincular al emérito de su hijo, el actual jefe del Estado, y su grupo continúa reclamando esta comisión de investigación. Montero ha reducido este debate al ámbito parlamentario, y ha incidido en que las cuestiones relativas a esta comisión no han sido abordadas en Consejo de Ministros. Es un tema particularmente sensible, y, tras reconocer que las informaciones son "perturbadoras", el Ejecutivo no dará más pasos.