El Gobierno de Mariano Rajoy sigue interceptando llamadas telefónicas y mensajes de texto con el sistema SITEL, el mismo contra el que cargó duramente en 2009, desde la oposición.'SITEL te graba la vida' ; 'Es ilegal e inconstitucional', 'SITEL es el 1188 de Rubalcaba', son sólo algunas de las formas en las que el entonces vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, se refirió al Sistema Integrado de Interceptación Telefónica(SITEL).

El mismo sistema encargado por el Gobierno de José María Aznar en 2001, cuando Rajoy era vicepresidente, que según el Partido Popular nunca llegaron a utilizar en esa legislatura, y que ha estado en funcionamiento durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y el posterior retorno del PP a Moncloa.

Iñarritu: 'Hoy no responden, a pesar de que entonces lo denunciaron; es hipócrita'

En junio de este año, la operadora Vodafone reconoció haber colaborado con programas de espionaje masivo en 29 estados -entre ellos España- y aseguró que no suele recibir demandas de acceso legal para interceptar llamadas. De hecho, la compañía británica llegó a afirmar que en al menos seis de los estados anteriormente citados la normativa obliga a los operadores a colaborar con la instalación de cables de acceso directo a las comunicaciones, sin revelar cuáles son estos países.

Por ello, en junio de 2014 el diputado de Amaiur Jon Iñarritu preguntó por escrito al Gobierno si España está entre los seis países que cuentan con acceso directo a las llamadas telefónicas de sus habitantes, cuáles son las compañías con las que existe este sistema de cableado directo -si lo hubiera-, o si el sistema SITEL sigue siendo la herramienta utilizada por el Ejecutivo para interceptar llamadas.

'Si España no estuviese entre esos seis países no tendrían problemas para aclararlo', razona el diputado

'Hoy no responden, a pesar de que entonces lo denunciaron, es hipócrita. No responden a las preguntas concretas que les hacemos, entran en diatribas legales', asegura a Público Iñarritu. 'Han entrado en materia legal para no entrar en preguntas claras sobre lo que ha denunciado una compañía como Vodafone. Es curioso que no aclaren si España tiene acceso directo a las llamadas telefónicas sin el permiso de las operadoras, cuando las compañías denuncian que con o sin él lo tienen', sostiene.

A su juicio, el hecho de que el Gobierno no responda a varias de sus preguntas 'levanta sospechas', y defiende que, en caso de que España no estuviera entre los seis países a los que alude Vodafone el Ejecutivo no tendría problemas para aclararlo.

'En numerosas ocasiones hemos denunciado la aparición en prensa de conversaciones privadas de políticos del País Vasco, del preso [Arnaldo] Otegui; es un hecho que denunciamos constantemente, y nos choca que el Gobierno haga apología de esto', critica.

La Asociación de Internautas siempre se ha mostrado crítica con el sistema de interceptación de llamadas y mensajes de texto e imágenes SITEL, y en varias ocasiones ha pedido al Gobierno que sea más transparente en lo que al uso de esta herramienta se refiere.'Seguro que se utiliza, sigue siendo el sistema de interceptación con toda seguridad', asegura el presidente de la asociación, Víctor Domingo.' Cada vez que un juez necesita interceptar comunicaciones utiliza este sistema, y es de suponer que desde un punto de vista técnico, desde el 2004 hasta el 2014 habrá evolucionado, será más sofisticado y potente', razona.

Domingo: 'Cuando algo afecta a los derechos fundamentales, tiene que haber una ley orgánica que los ampare'

A su juicio, las palabras de Esteban González Pons no han quedado más que en un mero 'rifirrafe', y recuerda que desde hace años la asociación exige al Gobierno la aprobación de una ley orgánica que permita tener 'un control democrático de este tipo de sistemas', tal y como hizo Pons mientras el PP estaba en la oposición. 'Lo dice la Constitución: cuando algo afecta a los derechos fundamentales tiene que haber una ley orgánica que los ampare', apunta.

En la misma línea, el diputado de Amaiur se suma a la petición del presidente de la Asociación de Internautas: 'Todo lo que sea regular en aras de la protección de las personas, y que sea aportar transparencia al uso de estos sistemas de control hay que regularlo', defiende.

El Ministerio del Interior no ha contestado a la petición de información de este diario en relación al sistema SITEL, que teóricamente sólo puede funcionar con la autorización de un juez.

En 2001, el Gobierno del PP pagó 9.825.000 euros a la empresa danesa ETI A/S por desarrollar esta herramienta , que en 2009 pasó el filtro del Supremo: 'Es preferible a los modos de interceptación anteriores a su implantación', defendió el Tribunal, en contra de la opinión que por entonces tenía el PP al respecto.