El Gobierno señala que la Casa Real cubre la seguridad de Juan Carlos I, pero se niega a revelar cuánto cuesta

El secretismo acompaña al rey emérito en su estadía en el extranjero. También lo hace un grupo no determinado de escoltas pertenecientes al servicio de seguridad de la Casa Real y pagados con dinero público. No es posible saber cuántos son ni tampoco qué salario perciben por proteger a Juan Carlos I en Emiratos Árabes Unidos: el Gobierno ha rechazado una solicitud formulada a través de la Ley de Transparencia que buscaba, precisamente, arrojar luz sobre estos puntos.

Así consta en el expediente remitido a Público por la Vicesecretaría General de Presidencia del Gobierno, órgano encargado de tramitar las peticiones de información que afectan directamente a la Casa Real y que se tramitan a través del portal de Transparencia. Al igual que en casos anteriores, el Ejecutivo se escuda en razones de seguridad para no suministrar los datos que se requieren.

Tras la huida de Juan Carlos I y la confirmación oficial de su estadía en Emiratos Árabes Unidos, este periódico registró una solicitud amparada en la Ley de Transparencia. En tal sentido, Público hizo una serie de consultas para tratar de determinar, con la mayor precisión posible, cuánto cuesta el personal que a día de hoy presta servicios al emérito.

La petición de información iba dirigida a conocer si "existe a día de hoy algún funcionario de Casa Real que cumpla funciones para el rey emérito", así como el número de personal que acompaña a Juan Carlos I en su estancia en el extranjero, qué salario perciben por dichas tareas y las "razones por las que esos funcionarios fueron seleccionados" para esta misión.

En su respuesta, la Vicesecretaría de Presidencia del Gobierno señala que ha decidido "conceder acceso a la información solicitada", aunque en realidad lo hace de forma muy recortada. El Ejecutivo recuerda, por un lado, que en junio de 2019 se suprimió en la estructura de la Casa Real "la Secretaría de S.M. el Rey Don Juan Carlos" debido a que había "dejado de realizar actividades institucionales el 2 de junio de 2019, fecha en la que se cumplió el quinto aniversario de su abdicación de la Corona de España".

"No obstante lo anterior, el Servicio de Seguridad de la Casa de S.M. el Rey es responsable de la seguridad inmediata de la Familia Real y, en consecuencia, sigue atendiendo la seguridad inmediata de S. M. el Rey Don Juan Carlos", aclara a renglón seguido el Gobierno, admitiendo así que las tareas de protección del emérito en Emiratos Árabes Unidos continúan a cargo del erario público.

Según consta en el decreto 434/1988 sobre la "reestructuración" de la Casa Real, el Servicio de Seguridad está conformado "por una Jefatura y Fuerzas de Seguridad del Estado". "El Ministerio del Interior –y el de Defensa en lo referente a la Guardia Civil, cuando proceda– prestará los apoyos de todo orden que precise el Servicio de Seguridad para el cumplimiento de su misión", destaca dicha norma, en la que se establece además que "es responsable permanente de la seguridad inmediata de la Familia Real y, conforme a las instrucciones dictadas al efecto, mantendrá el oportuno enlace con los órganos del Estado que ejercen su competencia en esta materia".

Razones de seguridad

La respuesta del Ejecutivo sobre los escoltas actuales del rey emérito no va más allá. En cuanto a los salarios que perciben dichos funcionarios, el Gobierno se aferra a un acuerdo adoptado por el Ejecutivo de Felipe González en 1986. En noviembre de ese año, el Consejo de Ministros recurrió a la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista para otorgar la calificación de reservado a los planes de seguridad que afectaban a instituciones públicas, "así como a todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a los que se haya atribuido dicha calificación", subraya el expediente remitido a través del portal de Transparencia.

El Gobierno considera que ese acuerdo de la época de González "implica la necesidad de restringir aquella información cuya divulgación a personas no autorizadas pudiera generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado". A su criterio, "ello implica la restricción de la información solicitada" por este periódico, debido a que su "conocimiento o difusión por personas no autorizadas puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma".

Sin "partidas específicas"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se había negado a dar esta información hace ahora un mes, cuando fue preguntado al respecto por la diputada de Junts Per Catalunya Laura Borràs. "No daré ningún dato de seguridad, como tampoco lo haría de ninguna autoridad, sea estatal o autonómica. En materia de coste de seguridad no hay ninguna partida específica asignada ni un coste adicional dentro de lo que ya estaba aprobado en los presupuestos generales", dijo entonces.

En agosto, el ministro había reconocido que la seguridad del rey emérito "concierne al estado español", aunque evitó dar cualquier detalle. "Es razonable y oportuno que el ministro de Interior por esas propias razones y circunstancias no dé ningún dato al respecto pero lo que nadie puede olvidar es que estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al estado español", afirmó.

Tampoco hay claridad en los Presupuestos de Casa Real: allí no figura ningún dato específico sobre el gasto concreto que implica el servicio de seguridad de la Familia Real. En una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en julio de 2019, el Gobierno indicó entonces que el presupuesto destinado por el ministerio de Defensa al Cuarto Militar de la Casa Real y a la Guardia Real –entre cuyos cometidos figura dar escolta al rey y al resto de miembros de la Familia Real– ascendía a 6,4 millones de euros.