El Gobierno reforma la ley de extranjería para facilitar la regularización de 300.000 migrantes y agilizar permisos de trabajo

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la ley de extranjería, que pretende simplificar los requisitos para obtener los permisos de residencia y trabajo por la vía ordinaria. La norma también regularizará de manera excepcional la situación de los solicitantes de asilo que hayan visto denegada su petición de protección internacional. El Gobierno busca, además, reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes y unificar la gestión de las autorizaciones por parte de los órganos competentes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha detallado las claves de la reforma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Esto va a servir para combatir mafias, fraudes y vulneraciones de derechos, pero también para atender las necesidades del mercado laboral. Lo más importante es que reducimos la burocracia", ha avanzado. La prioridad de la norma es, según el Gobierno, agilizar trámites y procesos como la reagrupación familiar y la regularización por motivos laborales o de formación. El Ministerio calcula que, con esta reforma, "podrán regularizarse de media 300.000 personas cada año" hasta 2027.

La norma reduce de tres a dos años el tiempo que una persona migrante –en situación irregular– debe haber vivido en España para poder tramitar un permiso de residencia por "arraigo social". El Gobierno también reconocerá el "arraigo sociolaboral" –antes, "arraigo laboral"– a los ciudadanos que presenten una oferta de trabajo de, al menos, 20 horas semanales. La actual ley fijaba en 30 el mínimo de horas computables. El nuevo reglamento entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

"El texto recoge todas las vías de entrada a nuestro país de las personas que vienen a buscar un futuro mejor, muchas veces acompañadas de sus familias. España tiene siete millones de personas extranjeras con la documentación de residencia en vigor. Es imprescindible contar con un marco normativo adecuado que responda de manera eficaz a sus situaciones y necesidades especiales", ha continuado la ministra. Esta reforma, anunciada por primera vez en diciembre del año pasado, llega con varios meses de retraso. 

"La política migratoria del Gobierno de España es transversal y está absolutamente volcada en la inclusión de las personas migrantes una vez llegan aquí, así como en combatir los catastrofismos con información veraz. Tenemos fallas estructurales sobre las que tenemos que duplicar esfuerzos si queremos que nuestro país sea un lugar completamente abierto y próspero", ha defendido la titular de la cartera. España pierde 17.000 millones de euros al año debido a la discriminación laboral y educativa que sufre la población extranjera, según datos del Ministerio.

El arraigo, una figura clave

El reglamento contempla cinco modalidades de arraigo: "socioformativo", "familiar", "social", "sociolaboral" y "de segunda oportunidad". Este último permite la regularización de las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no la han visto renovada. Saiz ha destacado, sobre todo, la "flexibilización de los requisitos a cumplir" y la habilitación para trabajar, también por cuenta propia, de cientos de extranjeros. Asimismo, promete ser "exigente con los requisitos jurídicos" y con el respeto de los derechos humanos. La reforma de la ley de extranjería avanza de manera independiente a la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a medio millón de personas migrantes, admitida a trámite por el Congreso en abril.

"El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: formación, empleo y familia", ha deslizado. La ministra ha aprovechado para destacar que España es "el único país de la Unión Europea que cuenta con una figura tan importante como es el arraigo" y ha recordado que el discurso del Gobierno es "absolutamente necesario" en pleno auge de las políticas xenófobas y antimigratorias. El Banco Mundial calcula que son necesarias cerca de 250.000 personas migrantes al año para sostener el Estado de Bienestar.